Cataluña realiza paro general tras violencia por referéndum
Los catalanes quedaron a la espera de una posible declaración de independencia, que contravendría con la ley, de acuerdo con el gobierno español
Carreteras, escuelas y muchos negocios en la región de Cataluña quedaron cerrados el martes mientras miles de trabajadores y estudiantes se sumaron a una protesta por el uso de la fuerza policial durante la realización de un referendo independentista considerado ilegal por el gobierno español. El operativo policial del domingo dejó cientos de heridos.
En la capital regional, Barcelona, donde se interrumpieron los servicios de metro y autobús, turistas desorientados trataban de hallar cafeterías abiertas para evitar las protestas.
Hubo momentos de tensión cuando un puñado de manifestantes obligaron a
algunos negocios a cerrar sus puertas en la turística zona de Las Ramblas, pero en otras partes las manifestaciones fueron bastantes pacíficas.
Varios sindicatos y organizaciones proindependentistas convocaron a paros parciales o de un día en toda la región mientras los políticos catalanes ponderan una posible declaración de independencia unilateral dos días después del referendo.
“La gente tiene rabia, mucha rabia”, dijo Josep Llavina, trabajador autónomo de 53 años y que viajó a la capital catalana desde una localidad cercana para participar en la protesta afuera de la sede de la Policía Nacional en Barcelona.
Esta sede fue el foco central de los manifestantes, que sumaron miles a mediodía y gritaron consignas calificando a la policía española de “fuerza de ocupación”. También pidieron la renuncia del presidente del gobierno Mariano Rajoy.
“Han traído la violencia con ellos. Han atacado a gente que tenían las manos abiertas y arriba. ¿Cómo no podemos tener rabia en esta situación?”, agregó Llavina.
Funcionarios catalanes dicen que el 90% de los 2.3 millones de personas que votaron el domingo lo hicieron en favor de la independencia.
Pero menos de la mitad de los aptos para votar salieron a hacerlo. La votación fue boicoteada por la mayoría de los partidos nacionales, que argumentaron que era ilegal y carecía de las garantías básicas, como transparencia, un censo adecuado o una entidad electoral pública independiente.
El gobierno central en Madrid acusa a los políticos catalanes y organizaciones independentistas por la violencia, diciendo que ellos “conspiraron para quebrantar la ley” y convocaron a los ciudadanos a una votación ilegal.