Jalisco, entre los estados más saturados en sus cárceles
La entidad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor sobresaturación en sus centros penitenciarios. El proceso de despresurización va lento, a pesar de que es parte del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Jalisco permanece como el tercer estado con mayor cantidad de personas recluidas en centros penitenciarios, de las cuales 54% están a la espera de recibir sentencia. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, Jalisco es el cuarto estado con mayor sobrepoblación carcelaria y las prisiones se encuentran 64% arriba de su capacidad; en buena medida, dicha sobrepoblación se origina por las personas que aguardan su proceso encerrados.
Uno de los objetivos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio era, a través de las medidas cautelares, que las personas pudieran enfrentar su proceso en libertad, sin embargo, esto no ha logrado despresurizar los centros carcelarios debido a los múltiples procesos rezagados dentro de los juzgados en material penal.
Por debajo de Jalisco, en no sentenciados, sólo están Durango, con 76.2% de sus internos que no han recibido condena, Baja California Sur, con 67.5%, Quintana Roo con 62.% y Oaxaca con 58.2%.
Las estadísticas revelan que Jalisco cuenta con 35 centros penitenciarios estatales o municipales con capacidad de 10 mil 270 internos, pero actualmente hay albergados 16 mil 875 reos; además un Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande.
Según el estudio Análisis Penitenciario 2017, desarrollado por la organización civil Jurimetría, dos de los 10 penales de Jalisco con mayor hacinamiento están en Jalisco. Se trata del Reclusorio Preventivo y el de Reinserción Social de Jalisco.
El mismo estudio destaca que 41.6% de los reos en Jalisco son reincidentes, una de las tasas más altas de reincidencia a nivel nacional.
“(La sobrepoblación) implica que existen hacinamiento y falta de higiene; que la porción de los alimentos de cada interno se vea disminuida, y que en general la prestación de servicios
por parte de las autoridades responsables también se ve afectada”, señala un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Es claro que en este tipo de condiciones, de saturación y antihigiénicas, es imposible aplicar un adecuado modelo de readaptación social. Y ante la falta de intervención de la autoridad, es caldo de cultivo para que no haya gobernabilidad y esta sea adoptada por los propios reos, generándose los autogobiernos como el que reside en el penal de Puente Grande”, explicó el maestro Jorge Razo, especialista en temas de seguridad.
Explicó el académico que la solución más simple es incrementar la infraestructura carcelaria, pero es imposible con las condiciones económicas actuales. Ante dicha situación, una clave sería mejorar la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal y no enviar a delincuentes menores a la prisión y acelerar los procesos de sentencia desde el rango judicial.