AL VAPOR, DIPUTADOS SACAN LOS PENDIENTES MÁS POLÉMICOS
Diputados pasaron cuentas públicas con irregularidades por 175 millones de pesos, pero además designaron a tres magistrados que estaban pendientes, pero que no cumplen con los perfiles recomendados
Alejandro Encinas,
propuesto como subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población en la administración de Andrés Manuel López Obrador –que entra en diciembre–, así como otras voces han señalado que debe revisarse la posible reelección de Álvaro Augusto Pérez Juárez como presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México al calificar su permanencia como una violación a la Constitución. Esto, después de que este miércoles los magistrados votaron la posibilidad de que Pérez se inscriba como candidato para el próximo periodo.
Edgar Tünguí,
comisionado actual para la Reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo de 2017, así como César Cravioto, quien tendrá ese cargo con la nueva administración, deberán atender las anomalías que no dejan de salir a la luz sobre los recursos ejercidos en el primer año. La Silla Rota reveló que la empresa ATOM CO –señalada de vender con sobreprecios de hasta 2,700% a la delegación Álvaro Obregón, y cuyo giro es de productos textiles– fue contratada para obras de pavimentación de vialidades dañadas por el sismo.
Samuel Aguirre Ochoa,
líder de la agrupación Antorcha Campesina en Veracruz, llamó traidores a los consejeros del Órgano Electoral local, al considerar que mediante presiones políticas desplazaron a Diana Aguilar Castillo –representante del PRI y Antorcha Campesina– de la tercera posición plurinominal como diputada local. Aguirre aseguró que mediante un nuevo método de designación, el OPLE complació al ex senador Héctor Yunes Landa, a quien acusó de acaparar posiciones políticas en el tricolor. Lo cierto es que Antorcha Campesina –que ha sido considerado un grupo de choque priista– va perdiendo fuerza política en ese estado. Diputados del Congreso local aprovechan las últimas sesiones de la LXI Legislatura para sacar sus pendientes, aunque implique hacerlo de forma desaseada y polémica.
Dentro de las determinaciones del legislativo estuvo “lavar” 58 cuentas públicas municipales con observaciones por 175 millones de pesos de diferentes ejercicios fiscales, y además se aprobó la designación de tres magistrados faltantes, uno del Tribunal de Justicia Administrativa y dos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Aunque ya se habían hecho dos convocatorias fallidas para elegir a estos funcionarios, el proceso de selección ha sido criticado porque no eran los perfiles mejor evaluados por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.
En torno a cómo resolvieron el tema de las cuentas públicas, los legisladores informaron que sólo se basaron en las opiniones técnicas de la Unidad de Vigilancia, aunque tuvieron la oposición de dos legisladores, los independientes Pedro Kumamoto y Anahí Olguín.
En este escenario, los municipios más beneficiados fueron Juanacatlán, al que le limpiaron cargos por 53.6 millones de pesos en los años 2011, 2013 y 2014; 14.6 millones de la cuenta pública 2015 de Mezquitic y 13.7 millones a Etzatlán del año 2013.
“Lavar” las cuentas públicas ya es una constante en el legislativo, en marzo pasado solventaron 632 millones de pesos en el Poder Legislativo en 2011 y 2012, y 105 millones del gasto ejercido por el
ayuntamiento de Tonalá en 2011.
A partir de las reformas hechas en materia anticorrupción, se le retira a los diputados meter las manos en las cuentas públicas de los municipios
(pues esa práctica era usada como moneda de cambio entre políticos); sin embargo, esta medida comenzará a aplicar desde el próximo año, con el ejercicio fiscal 2018.