ENTREVISTA

— Es un problema que se desbordó, estamos hablando de un delito que va al alza, y que va directamente ligado a la pornografía infantil que se distribuye en varios estados de la República, es un efecto colateral.

Como es un delito del fuero común, las dependencias locales atraen estos casos y no la propia PGR.

¿Qué lectura le das al tema del abuso sexual infantil en México? ¿A qué atribuyes que la PGR sólo haya documentado unas 200 denuncias en seis años y medio?

— Es que la Procuraduría General no está obligada a perseguir este tipo de delitos, más que cuando se trata de delitos federales.

Los estados tienen injerencia en el fuero común, es decir, los gobiernos estatales y locales son los que tienen la responsabilidad de iniciar las indagatorias correspondientes y no la dependencia federal.

¿Son focos rojos entonces?

— Definitivamente, lo ideal es que las autoridades federales tomen cartas en el asunto y se pongan a trabajar de forma verdadera en este problema, el cual se nos ha salido de las manos.

Siempre hemos buscado visibilizar este problema y también el de la trata de personas; son incontables los casos a los que hemos dado seguimiento.