Borgistas acaparan terrenos en Cozumel
Los predios estaban destinados para personas que actualmente habitan en colonias irregulares
Ex titulares del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda (Infovir) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), además de ex funcionarios públicos y estatales están siendo señalados por el despojo de más de 100 terrenos que estaban asignados para habitantes de colonias irregulares en Cozumel, por lo que la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) ya alista denuncias penales y proceso administrativos para recuperarlos.
Carlos González Pacheco Vázquez, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Territorial Sustentable (Sedetus, sucesora de la Seduvi), indicó que son varios los ex funcionarios públicos que se asignaron terrenos en colonias irregulares, lo que ya fue informado al Secoes, con el fin que les finquen responsabilidades jurídicas y penales.
El funcionario estatal señaló que ya se encabeza las mesas de trabajo, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) y el Ayuntamiento de Cozumel, para recopilar la informa-
ción y regularizar colonias y predios.
El objetivo es que estas familias consigan regularizar su situación, comprando estos predios a un precio accesible y que instancias de gobierno puedan ofrecerles servicios básicos.
El titular de la Sedetus, Carlos Ríos Castellanos, también ha sostenido reuniones con dependencias federales, a fin de gestionar lo que haga falta para atender este problema, mencionó entre las dependencias visitadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), a fin de gestionar la reubicación de personas que esperan desde hace varios años al predio Gaviotas, por citar un ejemplo.
En el primer semestre se tendrán que percibir los trabajos de estos proyectos, aclaró el subsecretario quien agregó que la dependencia trabaja en coordinación con dos o tres empresas privadas, de las cuales buscan que los precios y financiamientos para los beneficiarios sean los adecuados.