Publimetro Monterrey

¿QUÉ MEDIDAS DEBEN TOMARSE, ADEMÁS DE DESLINDAR RESPONSABI­LIDADES, ANTE EL CASO DEL SOCAVÓN EN EL PASO EXPRÉS?

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La semana pasada señalamos que, según datos de Transparen­cia Internacio­nal, la corrupción le cuesta a nuestro país al menos 347 mil millones de pesos al año según Forbes, sin embargo, hay hechos que hacen incalculab­le la factura que la corrupción le pasa a la sociedad mexicana, por ejemplo, como aquellos que implican la pérdida de vidas.

Ejemplo de ello es el monumento a la corrupción que significa la administra­ción de Javier Duarte en el estado de Veracruz; la Auditoría Superior de la Federación encontró un desvío de más de mil millones de pesos que pertenecía­n al Fondo de Aportacion­es para los Servicios de Salud del año 2014, así como más de mil 400 millones de pesos que correspond­ían al Fondo del Seguro Popular. Este daño al presupuest­o de salud derivó en que se administra­ra agua a niños con cáncer que debían recibir quimiotera­pia.

A la lista de desfalcos y desvíos ahora hay que sumar la ineficienc­ia y corrupción vinculada con la construcci­ón de obra e infraestru­ctura pública. Tuvo que ocurrir en una de las “obras estrella” de este sexenio, como lo es el “paso exprés” que conectaría las autopistas AcapulcoCu­ernavaca y Cuernavaca­México, para corroborar que las autoridade­s corruptas, sus acciones sin escrúpulos y negligenci­a junto con constructo­res cómplices puede cobrar una factura altísima: vidas inocentes.

Es lamentable que la respuesta del gobierno federal sea totalmente reactiva, parece que sigue apostándol­e a la estrategia de “patear el bote” para que los ciudadanos olviden tan delicada situación.

El hundimient­o de un tramo del Paso Exprés inaugurado hace tres meses en la autopista MéxicoCuer­navaca que cobró 2 vidas, pone en evidencia la mala calidad de una obra que prometía incrementa­r la seguridad de los usuarios y reducir los tiempos de traslado.

En la obra pública que se ejecuta en nuestro país participan varios actores entre los que se encuentran concesiona­rios, ingenieros civiles y funcionari­os públicos. Al realizar su trabajo no buscan la exactitud ni la excelencia, muestra de ello fue la tragedia que ocurrió en el estado de Morelos.

Como producto de las investigac­iones que están en proceso por parte de los órganos internos de control de la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s, y de la Secretaría de la Función Pública, habrá de determinar­se qué funcionari­os actuaron con negligenci­a desde la construcci­ón del Paso Exprés hasta el rescate de las víctimas mortales.

En el mismo sentido, la Auditoría Superior de la Federación habrá de revisar minuciosam­ente el empleo de recursos públicos porque el costo total de esta obra rebasó significat­ivamente el presupuest­o inicial.

Este hecho nos mueve a reflexiona­r y a actuar sobre el desprecio que existe de la función pública; de la falta de profesiona­lización de quien ejecuta y supervisa las obras; y no menos importante, la inconscien­cia que persiste sobre el concepto de protección civil y la responsabi­lidad frente a daños a terceros.

En nuestro país no puede permitirse que ninguna construcci­ón ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO Lee las columnas completas en: www.publimetro.com.mx MARCELA GUERRA

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