Cobijagate, Medina y elecciones, primeras pruebas para fiscales
Casos polémicos que han estado por mucho tiempo en el ojo público son los más destacados que deberán atender los recién electos fiscales, los cuales se consideran pruebas de fuego
A raíz de la designación de los fiscales del Sistema Estatal Anticorrupción existe gran expectación porque, entre otros casos, les tocará enfrentar polémicos procesos, como el del ex gobernador Rodrigo Medina y sus ex colaboradores, así como el llamado cobijagate.
Corresponde también lo relacionado con el próximo proceso electoral, cada uno de ellos en el ámbito de su competencia.
Los electos fueron: Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general; Javier Garza y Garza, fiscal Anticorrupción, y Gilberto de Hoyos Koloffon, fiscal especializado en Delitos Electorales.
Los tres fueron recibidos el sábado por el gobernador interino, Manuel González, en Palacio de Gobierno y éste no desaprovechó la oportunidad para decirles que no estuvo de acuerdo con el proceso mediante el cual fueron electos.
“Pero el gobernador es el primero en respetar la Constitución y las decisiones del Poder Legislativo”, indicó.
Advirtió que corresponderá ahora a los fiscales, y no al gobierno, la persecución de los delitos.
Por su parte, el fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero, destacó que, aunque operarán con autonomía, tendrán coordinación con el gobierno.
Uno de los primeros casos que deberá atender la Fiscalía Anticorrupción será determinar las sanciones penales contra quienes resulten responsables por el cobijagate.
El asunto puso en entredicho al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón por la compra de 200 mil cobijas a precios triplicados, con un presunto daño al erario por casi 30 millones de pesos.
En diciembre, el Congreso local solicitó a la Auditoría Superior del estado la denuncia penal; sin embargo, la instrucción fue esperar a la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción.
De este nuevo sistema también se esperan los castigos para los delitos que podrían haber cometido el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y ex funcionarios de su administración.
Los mismos estarán a cargo de la Unidad de Transición que, durante un año, se encargará de atender los expedientes que ya estén vinculados a proceso, en su etapa intermedia o segunda instancia, por eso atenderá el caso del ex mandatario estatal y sus ex colaboradores.
Cabe puntualizar que el fiscal general tendrá a su cargo todos los asuntos relacionados con delitos y el correspondiente ejercicio de la acción penal a excepción de los que tienen que ver con corrupción y electorales.
El fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, se encargará de los nuevos casos relacionados con actos de corrupción o de los que se estén integrando las carpetas, pero todavía no exista una vinculación a proceso.
Finalmente, el fiscal Electoral tiene bajo su competencia actuar en contra de los delitos electorales del proceso local, siempre que no estén bajo la competencia de la FEPADE.
La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León tendrá un lapso de 60 días para la transformación en Fiscalía General y, durante dicho periodo, contempla una nueva estructura financiera y mecanismos para la autonomía de la misma.