A custodios, 62% de pagos en penales del estado: Inegi
Los reclusos les pagan para tener protección, aparatos eléctricos, una cama o cobijas, cambiar de celda, o hasta para poder acceder a una visita conyugal, según revela el instituto.
En los centros penitenciarios de Nuevo León “la vida cuesta” y hay que pagar por tener desde protección o aparatos eléctricos, hasta acceder a una visita conyugal.
La corrupción impera en los penales del estado y recae, principalmente, en la figura de los custodios.
Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), son ellos los que reciben 62.8% de los pagos ilegales que efectúan los internos para obtener un servicio, beneficio o permiso.
En los penales se paga por poseer un aparato eléctrico (59.9%), por cambiar de celda (48.1%), por protección (34.6%).
También los pagos que reciben los custodios son por permitir que los internos tengan una cama, colchoneta o cobijas (31.3%), o bien que reciban una visita conyugal (23.2%).
El pasado 23 de febrero, reos de los penales del Topo Chico y Apodaca protagonizaron protestas simultáneas en las que exigían poner un alto a la corrupción y la destitución de mandos penitenciarios.
Aunque en el momento el secretario de Seguridad Pública en el estado, Arturo González, minimizó los hechos, un par de días después el gobierno estatal informó que la comisaria de Administración Penitenciaria, Rosa Manuela Félix, había renunciado a su cargo “por motivos personales”.
Pero además, se dio a conocer el cese de Genaro Arturo Sánchez como alcaide del Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico. Ambos eran mencionados en las mantas que los reos exhibieron el día de las protestas.
A pesar de los actos de corrupción de los que son víctimas los reclusos, ninguna de las víctimas presenta queja o denuncia.
El 37% piensa que podría ser objeto de represalias, el 14.4% creen que es una práctica común, mientras que el 12.8% consideran que sería inútil iniciar el trámite.
Por su parte, el 10.2% desconoce ante quién denunciar y el 8.5% refiere que obtuvo un beneficio por el pago que realizó.