Suman 60 periodistas agredidos en este proceso electoral, advierte Artículo 19
En lo que va de la presente campaña electoral, más de 60 periodistas han sido violentados o han sufrido algún tipo de agresión por parte de funcionarios o agentes del gobierno, de acuerdo con cifras de Artículo 19 México y Centroamérica.
Ana Cristina Ruelas, directora de la organización, aseguró que la violencia que viven actualmente los comunicadores se debe considerar un foco rojo, ya que con cada agresión y muerte se atenta contra la libertad de expresión.
“Desgraciadamente, México se ha posicionado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Un país donde se están violando los derechos humanos”, sostuvo en conferencia de prensa.
En 2017, México y Siria tuvieron la misma cifra de periodistas asesinados: 12. Además, se documentaron 507 agresiones contra este gremio en el mismo año, según el reporte.
Mientras que entre los ataques que más padecen los comunicadores se encuentran los actos de intimidación, hostigamiento, amenazas, secuestros y la muerte.
Chaleco de palabras “a prueba de balas”
Manuel Camacho, fundador de la organización La Doble Vida, desarrolló un proyecto que plasma la problemática que vive el periodismo actualmente: un chaleco de palabras a prueba de antibalas.
“Se busca pedir con este proyecto a los candidatos presidenciales que pongan sobre la mesa una propuesta integral de protección al periodismo”, externó.
El chaleco está conformado por notas periodísticas, que hablan de los comunicadores que han sido asesinados en varios estados del país. Incluso, resiste al más alto calibre, según afirmaron las organizaciones, el cual se une al llamado de presentar una campaña para evidenciar la violencia que sufren los periodistas en México, con 106 comunicadores asesinados desde el año 2000.
Según la agenda que dieron a conocer ambas organizaciones, se encuentran como principales puntos la realización de un diagnóstico para identificar a los posibles perpetradores de los crímenes, así como la creación de un mecanismo nacional de medidas de protección, además de promover que exista una fiscalía independiente para la atención de estos casos.