El dictamen
Los integrantes de la Cámara de Senadores aprobaron adicionar, reformar y derogar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se crean las Secretarías de Bienestar, así como Seguridad y Protección Ciudadana. Con ello se dio entrada a la modificación del funcionamiento de otras dependencias federales al crear la figura de los 32 delegados estatales.
Ante esta situación, las bancadas del PAN y PRI adelantaron que impondrán un recurso de inconstitucionalidad por adecuaciones como la creación de los superdelegados y las atribuciones que se otorgan.
Lo anterior, al argumentar que se “hiperconcentran y centralizan las acciones de gobierno”, lo que representa un retroceso en la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador.
Los argumentos
Durante la discusión, el tema más polémico giró en torno al artículo 27, en el que muchos senadores coincidieron en que se excedían las atribuciones a la Secretaría de Gobernación sobre el control de los medios de comunicación. Incluso en los escaños se colocaron carteles con la frase “#MediosPúblicosAutónomos”, como señal de protesta.
Ricardo Monreal aportó la propuesta de modificar la fracción VIII del artículo para eliminar la frase “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”, lo que valió que la mayoría de los opositores retiraran sus reservas del artículo.
Sobre el artículo 17 que refiere la actuación de los llamados superdelegados, se cuestionó –en reiteradas ocasiones– en que no planteaban requisitos mínimos para quienes ocupen este puesto y no se establece a quién rendirán cuentas.
El decreto –que hasta el cierre de esta edición aún se discutía en lo particular– entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Algunos de los puntos clave del dictamen que llegó de la Cámara de Diputados establecen: Se crea la Secretaría de Bienestar, que hará las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social. Confiere nuevas facultades a la Semarnat, con el objetivo de centrar, remediar el deterioro ambiental de los ecosistemas, privilegiar el consumo del agua y la preservación ambiental. Se sustituye el término de procurador general de la República por el de fiscal general de la República. Propone que la Oficina de la Presidencia, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Gobernación, conduzca la planeación, formulación, coordinación, asesoría, supervisión, regulación y evaluación de la política de comunicación social del gobierno federal. tendrán como función las tareas de coordinación de las acciones de las autoridades estatales y municipales y del Ejecutivo federal. Sus funciones serán verificar las acciones estratégicas en materias prioritaria y llevar a cabo la supervisión del debido cumplimiento en la prestación de servicios y trámites a cargo de las dependencias. Se crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se encargará de las labores relativas a la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, para quitar a la Segob funciones y presupuesto. Respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estará a cargo la compra de bienes y contratación de los servicios. Además nombrará a los respectivos titulares de las “unidades de administración y finanzas”, eliminando así la figura de los oficiales mayores.