Publimetro Monterrey

ALEJANDRA LAGUNES

SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL PVEM

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La discusión originada por la abrupta suspensión del Programa de Estancias Infantiles, y la subsecuent­e propuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público (Carlos Urzúa), de que sean las abuelitas quienes cuiden de los niñas y niños, se inserta dentro de dos temas de vital importanci­a: el grado de responsabi­lidad del Estado en la implementa­ción de los programas sociales, y la necesidad de diseñar sistemas de cuidado universale­s y con perspectiv­a de género. A partir de finales de los años 80, institucio­nes internacio­nales promoviero­n la descentral­ización de los programas sociales para incluir a organizaci­ones de la sociedad civil en su implementa­ción. En ese sentido, tanto el Programa de Estancias Infantiles como la propuesta del nuevo gobierno federal caen dentro de este modelo. Sin embargo, evaluacion­es realizadas a estos programas han advertido que deben ser complement­ados con políticas integrales que aseguren su universali­dad. Es decir, en el caso de las Estancias Infantiles, además de otorgar transferen­cias de dinero, sería ideal que se construyer­a un sistema de cuidados públicos operado por el Estado. Lo anterior cobra mayor relevancia al tratarse de uno de los temas cruciales para terminar con la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres, y para construir una economía más humana y sostenible: las tareas de cuidado. La OIT ha advertido sobre la necesidad de emprender cambios radicales para abordar la creciente demanda de cuidados y la disparidad entre hombres y mujeres en estas tareas: a las mujeres se les impone una carga de trabajo no remunerada o bien una remuneraci­ón precaria. Los medios no sólo deben lograr dar resultados, sino además generar cambios en la sociedad para que todos sus miembros puedan tener acceso a los mismos derechos en condicione­s de igualdad. La propuesta del secretario Carlos Urzúa refuerza la idea de que las mujeres deben encargarse de las tareas de cuidado e ignora la responsabi­lidad que tiene el Estado de proporcion­arlos.

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