IRRUMPEN MANIFESTANTES EN EL CONGRESO DE HONG KONG
El comandante Rafael Acosta Arévalo fue detenido la semana pasada y enviado a un tribunal
El Ministerio Público de Venezuela vinculó a proceso a dos funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) por su presunta participación en el fallecimiento de Rafael Acosta Arévalo, el militar que se encontraba detenido por estar supuestamente implicado en el intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó que tras emprender una “investigación objetiva, independiente e imparcial” se solicitó la detención preventiva del teniente Ascanio Antonio Tarascio y del sargento Estiben José Zarate, ambos elementos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La Fiscalía venezolana imputó a los acusados el delito de homicidio preterintencional con causal.
A través de mensajes de Twitter, Tarek William Saab agregó que el Ministerio Público como institución garante de la legalidad en el país destaca que estas actuaciones tienen un carácter preliminar, y garantiza que en las siguientes fases del proceso penal seguirá acumulando pruebas para obtener todos los elementos de convicción con la defensa de los derechos humanos.
Reclamo de la ONU
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se mostró profundamente preocupada por la muerte del militar y solicitó una investigación rápida e independiente.
Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio a las afueras de Caracas y recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Una semana después fue trasladado a un tribunal militar al que ingresó en silla de ruedas “muy golpeado”, con “muy poca capacidad motriz” y dificultades para hablar, indicó a The Associated Press el activista Alonso Medina Roa, miembro del equipo de defensa del militar.
Debido a su delicada condición de salud, la jueza del caso ordenó trasladarlo a un pequeño hospital del Fuerte Tiuna, el mayor de la capital, donde falleció horas después.
El pronunciamiento de Bachelet se da a cuatro días de que presente su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La Alta Comisionada visitó entre el 19 y 21 de junio la capital venezolana donde sostuvo reuniones con el presidente Nicolás Maduro, el líder opositor Juan Guaidó, miembros de organizaciones humanitarias y víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares.
Por su parte, el gobierno defendió las actuaciones de las fuerzas de seguridad en el caso del complot y dijo en un comunicado que las investigaciones se han realizado con “respeto absoluto al debido proceso y a los derechos humanos”.
Al condenar la muerte del militar, Guaidó expresó que “habrá justicia” y anunció que el caso se llevará a instancias internacionales.
En octubre, el concejal opositor Fernando Albán falleció tras ser detenido por la policía política. Las autoridades indicaron que Albán murió al lanzarse desde uno de los pisos de la sede capitalina del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mientras la oposición denunció que falleció como consecuencia de las torturas que recibió.
“Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán (de corbeta Rafael) Acosta Arévalo y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte” Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU