PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN RIESGO
El paquete de iniciativas que iba a ser presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Senado el pasado miércoles fue aplazado 15 días para afinar algunos detalles que han causado gran controversia, o eso se dice.
Y no es para menos, pues la reforma judicial, que impactará próximamente el aparato legal mexicano, trae consigo propuestas que podrían vulnerar los derechos de todos los ciudadanos.
Mostrando focos rojos capaces de borrar la autonomía del Poder Judicial, pero sobre todo que asestan un duro golpe a las libertades ciudadanas, ya que modificarían la forma de entender la justicia en nuestro país.
Y es en medio de estos temas que la presunción de inocencia –que desde 2008 pertenece a la Constitución mexicana– corre riesgo de desaparecer, dando paso a un posible modelo de seguridad que sustituya al actual y que vulnere derechos humanos en México. Pues, entre las iniciativas, se asoma una que ya parecía extinta y caduca: el arraigo domiciliario.
Lo peor de todo es que esta medida cautelar prohibida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a nivel mundial privará de su libertad a inocentes sin pruebas. Esta fue la razón por la que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado se opuso, tachando de inaceptable el apoyo hacia esta figura que, para nada viene sola, ya que con ella traerá intervención de comunicaciones, cateos y abre la puerta a aceptar pruebas obtenidas de manera ilícita en los juicios.
Pero la propuesta no se limita a este tema, ya que también valora la integración de un Tribunal Especializado en materia de responsabilidades penales con la capacidad de enjuiciar a integrantes del Poder Judicial Federal, lo cual no está mal. El problema real viene cuando el organismo es controlado por otro poder, suprimiendo violentamente la división de poderes.
Con estas condiciones al Estado mexicano se le entrega la posibilidad de acusar y enjuiciar a quien desee sin pruebas, iniciar espionaje violando la privacidad de nuestros celulares, computadoras y redes sociales. Es una completa regresión que debe ser frenada para evitar regresar a los setenta y al control absoluto de la gran entidad estatal.
Y el verdadero asunto de fondo se reduce a que de verdad es necesaria una reforma judicial, pero una que fortalezca la autonomía e independencia de la FGR, que le brinde a los jueces herramientas para realizar sentencias justas y con pruebas obtenidas por medios legales. Nuestro sistema legal necesita de libertades sin amenazas, lejos de las costumbres totalitarias de los viejos sistemas absolutistas.
Hay una verdad que no puede ser ignorada. Esta reforma no encaja entre una visión de garantías y menos cuando se obtienen pruebas acusatorias por medios ilegales que violan la libertad de expresión. Es un salto que pone en riesgo lo estipulado en el Artículo 20 Constitucional, donde descansa la presunción de inocencia y que nos alejan de un pasado antidemocrático.