Dos maneras de gobernar

El pasto ya estaba muy seco, y arrojaron un cerillo. Todo inició cuando Enrique Alfaro, jefe del Ejecutivo de Jalisco, anunció que el gabinete de salud y el de seguridad –junto con las autoridades municipales– dictaron que las medidas de aislamiento social por la pandemia de Covid-19 tendrían un carácter obligatorio, advirtiendo que quien no las cumpliera sería sancionado y la fuerza pública tendría la encomienda de hacerlas cumplir. Advirtió también que el uso de cubrebocas sería obligatorio en todo momento y sin excepción. Tal fue el caso de Giovanni López que el 4 de mayo, por no utilizar cubrebocas, como atestiguaron sus familiares, fue subido con violencia a una patrulla por cuatro elementos de la policía municipal, desaparecido por la fuerza pública en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y al día siguiente entregado a su familia ya muerto. Las imágenes de su detención quedaron grabadas y se hicieron virales. Su muerte indignó a Jalisco y el 4 de junio comenzaron las manifestaciones exigiendo justicia para Giovanni, que también fueron reprimidas no sólo con violencia, sino que en principio desaparecieron 27 personas, entre los que hay seis menores de edad, 25 hombres y dos mujeres. Imágenes de civiles desarmados que son golpeados por oficiales encapuchados con bates de béisbol y palos quedaron grabadas, y de nuevo fueron viralizadas en redes sociales. Quedó testimonio de la represión. La población ya había manifestado descontento por las severas sanciones respecto al uso obligatorio del cubrebocas. Lo ocurrido con Giovanni, de 30 años, ocurre además en un contexto de alta tensión en el mundo luego de que George Floyd, un hombre afroamericano, fuera asesinado en manos de la policía de Mineápolis.