ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS BAJO EL ESQUEMA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
El combate a la corrupción es uno de los retos más importantes para el Estado mexicano y requiere de mecanismos que no se limiten a las instancias gubernamentales, sino que incluyan la participación activa de la ciudadanía. En este contexto, retomando iniciativas del Ejecutivo federal y de organizaciones de la sociedad civil, en el año 2015 tuvo lugar una de las reformas constitucionales más importantes en las últimas décadas, para la articulación de una política de Estado democrático en materia de combate a la corrupción, que dieron lugar, entre otras acciones importantes, a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Este sistema se compone de cuatro colectivos que involucran entidades gubernamentales, organismos autónomos y a la ciudadanía, los cuales trabajan en la integración y aplicación de una política nacional en la materia. Una parte importante de esta política es la construcción y consolidación de una Plataforma Digital Nacional que buscará integrar y conectar diversos sistemas electrónicos, de tal manera que la ciudadanía pueda tener acceso a la información, simplificar trámites y servicios gubernamentales, dar seguimiento al uso de recursos públicos, presentar quejas y denuncias, entre otros, reduciendo con ello los espacios y actos de corrupción.
Unos de los sistemas que, respecto de la Administración Pública Federal integrarían esta Plataforma Nacional sería el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (Sidec), administrado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el cual tiene la finalidad de registrar, administrar y atender denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones, incluyendo, de manera especí- fica y a partir de mayo de 2017, la aplicación móvil Denuncia la corrupción, que facilita la presentación de denuncias, desde cualquier medio Informático con servicio de Internet, las 24 horas del día, los 365 días del año.
La denuncia de actos de corrupción, por parte de actores independientes, es una herramienta fundamental en el ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas, pues con su participación, se pueden identificar posibles irregularidades cometidas por servidores públicos, así como mejorar la calidad de la administración pública, lo que abona en la lucha contra la corrupción, al tiempo que refleja la voluntad de todos los actores por garantizar la legalidad, representatividad y legitimidad de las instancias gubernamentales.