Dispendio gubernamental y el futbol mexicano
Esta práctica se ha dado constantemente en el futbol mexicano, las relaciones peligrosas entre los empresarios del futbol y los gobernantes en turno, se ha convertido en una práctica común que con el paso del tiempo se volvió una pesadilla. Este es un ejercicio para recordar que no es la primera ni la última ocasión que un gobierno 'invierte' o le abre la puerta al futbol en su entidad, es una relación en donde los gobernantes obtienen 'raja' política y los dueños del futbol un patrocino directo del erario, el cual en muchas ocasiones se disfraza de apoyo. El futbol y gobierno, una relación peligrosa y enfermiza que en la mayoría de los casos han terminado en episodios oscuros en el futbol mexicano.
A finales de la década de los 70, Arsenio Farell Cubillas, entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, aceptó la donación del Atlante por parte de su propietario Fernando González, para que fuera administrado y mantenido por esta institución, con el objetivo “de impulsar el deporte entre los trabajadores”, el IMSS en aquella época ejerció la multipropiedad al ser también dueño de Halcones de Oaxtepec entre 1979 y 1984, el equipo morelense llegó a Primera División desde la Tercera categoría, eran los primeros indicios de la sociedad entre gobierno y futbol profesional.
En la década de los 80, el poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, liderados por Joaquín Hernández Galicia 'La Quina', compró en 1982 al empresario queretano Armando Presa la franquicia de Atletas Campesinos, para mantener el futbol de Primera División en el Puerto tamaulipeco, bajo la gestión del sindicato petrolero, el futbol se mantuvo hasta la temporada 88-89, justo con el encarcelamiento de Hernández Galicia por parte del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
No es hasta el inicio del presente siglo cuando de nueva cuenta el futbol vuelve a seducir a la clase política de este país, y en 2002 Alejandro Burillo Azcárraga por esos años el hombre poderoso del balompié mexicano realizó una de las mudanzas más extrañas en el futbol mexicano al llevar una de sus franquicias al sureste del país, Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, se convertía en nueva sede, con la aparición del Jaguares de Chiapas con el auspicio del gobierno de esta entidad, entonces encabezado por Pablo Salazar Mendiguchía, en el segundo año de su mandato; años después, Salazar fue acusado de desvió de recursos públicos.
Los sucesores de Salazar Mendiguchía también fueron seducidos por el futbol, tanto Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello convirtieron a Jaguares de Chiapas en un activo de promoción política para sus diversos fines.
Los Tiburones Rojos de Veracruz también han sido presa de las ambiciones políticas de los gobernadores de esa entidad, los casos más recientes con Fidel Herrera Beltrán, quien gobernó ese estado entre 2004 y 2010, bajo su mandato, los Tiburones Rojos, propiedad del empresario Rafael Herrerías, fueron subsidiados por el gobierno estatal, pese a estos favores, el club perdió la categoría, entonces cambió el dueño con la llegada de Mohamed Morales, pero el apoyo estatal continuó esa misma práctica y siguió con Javier Duarte de Ochoa. En 2013, el empresario y político veracruzano Fidel Kuri había logrado el ascenso con La Piedad, Kuri aspiraba a suceder en el cargo a Duarte y qué mejor que llevar futbol de Primera División al Puerto, al final la jugada política no le salió al propietario del club y la historia la conocemos todos.
Ahora es el turno de Sinaloa, las ansias de su mandatario Quirino Ordaz Coppel por tener futbol y aparecer en los medios que no sean de corte político, lleva el futbol a esa extraordinaría ciudad, con un estadio que le costó más de 600 millones de pesos al erario, esperemos que la historia que constantemente se da en el futbol mexicano con los gobiernos no se repita, que sea una relación transparente alejada de la corrupción.