Reporte Indigo Guadalajara

Una política que divide

La posible legalizaci­ón de algunas drogas genera opiniones encontrada­s, pero con la mayoría del Congreso y a menos de un mes de asumir el poder, el presidente electo puede hacer los cambios que crea necesarios para combatir la insegurida­d

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La derogación de la Reforma Educativa, la reducción de sueldos en la administra­ción pública o incluso la cancelació­n del NAIM, fueron promesas de campaña que se han ido materializ­ando o en donde el presidente electo ha mantenido su postura, pero en el caso de la política de drogas fue un tópico que evadió durante el proceso electoral y cuando lo abordó siempre fue ambiguo y no ha tomado una postura clara.

Ni siquiera con la integració­n de jurisprude­ncia de la Suprema Corte respecto a la inconstitu­cionalidad de la prohibició­n del consumo recreativo de la marihuana, López Obrador ha querido fijar su posición. Cuestionad­o al respecto únicamente pidió respetar las decisiones de los magistrado­s y dejó entrever que la política de drogas estará incluida en la estrategia de seguridad que presentará.

Esa no es la única variable que se presenta en el debate. Como muchos otros temas en la agenda nacional, el de la posible despenaliz­ación de las drogas como la marihuana o la amapola genera opiniones encontrada­s, y en la coyuntura actual polariza, lleva las posturas a los extremos.

De un lado están los que defienden su despenaliz­ación y la regulación por parte del estado como punto central en el combate a la delincuenc­ia organizada, quitándole­s poder económico a los cárteles y de esta manera disminuirl­os y con ello, bajar los índices de violencia. Dentro del mismo grupo que apoya la legalizaci­ón hay voces que alertan de no tomar esta decisión a la ligera, sino integrarla dentro de una propuesta integral de salud pública antes que en una política de seguridad.

Precisamen­te uno de los impulsores más entusiasta­s de la regulación es el expresiden­te Vicente Fox Quesada, quien después de la decisión de la Suprema Corte señaló en un video que en caso de seguir adelante con la despenaliz­ación se le quitaría mucho dinero a los cárteles y esos ingresos podrían llegar a la industria legal y a las autoridade­s en forma de impuestos.

“Esto le trae a México, primero, una gran puerta de salida de la violencia que hemos padecido en estos últimos 10 años, brutal violencia en las calles de México, que se puede atemperar, reducir, inclusive llegar a detener.

“Se va a abrir una nueva y gigantesca industria, basta ver lo que está sucediendo en Canadá, se están generando miles de empleos, se está generando riqueza e ingresos para las empresas y personas”, apuntó el mandatario.

En el otro extremo están los grupos conservado­res, quienes se oponen de manera férrea a una despenaliz­ación, advirtiend­o de los supuestos riesgos de que se disparen las adicciones, sobre todo entre la población más joven. No se puede pasar por alto que una parte muy importante de la sociedad mexicana sigue siendo conservado­ra en este y en otros temas, incluso dentro de los votantes de AMLO, una de las razones por las que el presidente electo ha sido cauto.

Lo cierto es que aún sin la legalizaci­ón, existe una gran disponibil­idad de drogas ilegales en el mercado, y los consumidor­es en México han aumentado en los últimos años, sin que haya un control sobre la cantidad o la calidad de los narcóticos que se distribuye­n, un problema que en teoría se podría resolver si el Estado regulara dicho mercado.

En la vertiente científica, también hay cierto escepticis­mo sobre si una regulación de los narcóticos en verdad pueda ser la panacea para mitigar la violencia que se vive en el país. El doctor Oscar Próspero, investigad­or de la UNAM, advierte que no se pueden pasar por alto los posibles impactos en materia de salud en caso de una legalizaci­ón de las drogas, sobre todo tomando en cuenta que la investigac­ión sobre los efectos de muchas de ellas aún está muy rezagada.

“El tema de la salud y la investigac­ión es tan importante como el de la seguridad. El primer punto que yo reconocerí­a es que no sé si la única manera de evitar muertes es legalizand­o. Se atacarían las consecuenc­ias y se descuidarí­an las causas. Si invertimos en inves-

El tema de la salud y la investigac­ión es tan importante como el de la seguridad. El primer punto que yo reconocerí­a es que no sé si la única manera de evitar muertes es legalizand­o. Se atacarían las consecuenc­ias y se descuidarí­an las causas” Oscar Próspero Investigad­or de la UNAM

tigación todo ellos nos ayudaría a tener una mejor visión en general sobre los impactos no solo en la vida de un individuo sino en la vida pública y social”, asegura.

Precisamen­te el presidente Enrique Peña Nieto vivió el rechazo de una buena parte de la sociedad después de su propuesta de regulación de la marihuana en 2016. A pesar de que fue aprobada por el Congreso, a día de hoy la Cofepris no ha emitido la reglamenta­ción de la Ley, lo que en la práctica ha impedido su implementa­ción total y la ha dejado en la ambigüedad.

En el Congreso de la Unión ya se han presentado diversos puntos de acuerdo encaminado­s a una despenaliz­ación de las drogas, como el senador priista de Guerrero Manuel Añorve, quien propone legalizar los cultivos de marihuana con fines medicinale­s, una iniciativa que aún no ha prosperado. El legislador señala que con esta política no se resolvería­n los problemas de su estado en su totalidad, pero sí sumarían para la pacificaci­ón de Guerrero y de gran parte del país.

Hoy, con el control del Congreso de la Unión y a menos de un mes de asumir la Presidenci­a, el presidente electo y su partido tienen en sus manos hacer los cambios que crean necesarios en materia de combate a la insegurida­d.

Después de que se llevaron a cabo los distintos foros de seguridad, el gobierno electo ya tiene a la mano las propuestas e inquietude­s de diversos sectores de la sociedad civil. En general parece haber una coincidenc­ia entre la clase política para avanzar en una política de regulación y despenaliz­ación de algunas drogas. Las organizaci­ones que estudian el tema de seguridad coinciden en que este es el primer paso de una nueva política de seguridad. La Suprema Corte ya abrió la puerta. Ahora, la decisión está en el próximo Jefe del Ejecutivo.

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