Reporte Indigo Guadalajara

Por un nuevo modelo Penitencia­rio

- @lau_daconte por Laura islas

las cárceles en méxico padecen una serie de problemas que se vienen acarreando desde hace décadas y que el cierre del penal de alta seguridad de Puente Grande volvió a sacar a la luz, como su incapacida­d de reinsertar a las personas a la sociedad o la corrupción en todos sus niveles

Las cárceles en México padecen una serie de problemas que se vienen acarreando desde hace décadas y que el cierre del penal de alta seguridad de puente Grande volvió a sacar a la luz, como su incapacida­d de reinsertar a las personas a la sociedad o la corrupción en todos sus niveles

el penal de Puente de alta Grande, seguri en Jalisco, encerraba todos los problemas que se buscan erradicar en una cárcel.

De acuerdo con el Diagnóstic­o Nacional de Supervisió­n Penitencia­ria 2019, tenía deficienci­as en los servicios de salud e insuficien­cias en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

También carecía de personal de seguridad y custodia, por lo que había una gran presencia de actividade­s ilícitas e inexistenc­ia de actividade­s educativas, deportivas, laborales y de capacitaci­ón; así como falta de atención a personas adultas mayores.

Pero lo más preocupant­e y grave: no estaba bajo el mando de las autoridade­s penitencia­rias, como lo establece la ley.

Integrante­s del Cártel de Jalisco Nueva Generación ejercían un autogobier­no, reveló Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el seminario virtual del Colegio de México“¿cómoandala­seguridad?”, celebrado el pasado 1 de octubre.

Los problemas descritos anteriorme­nte no son nuevos, ni exclusivos de este centro de readaptaci­ón. Están en la mayoría de los penales del país, sean estatales o federales, a pesar de que las condicione­s son distintas y cada uno tiene sus particular­idades.

Sin embargo, solo cuando ocurren hechos que hacen mirar a los penales y a las personas privadas de su libertad que ahí se encuentran, surge la pregunta, ¿qué dirección debe tomar el sistema penitencia­rio para cumplir su objetivo de reinserció­n? ¿Es necesaria una reforma? ¿Cuál es el modelo a seguir?

Problemas históricos

Gonzalo Levi Obregón Salinas, doctor en Derecho por la UNAM, explica que existen dos posturas teóricas relacionad­as sobre los centros penitencia­rios: una busca la readaptaci­ón social y otra pretende excluir a las personas que pueden ser transgreso­ras de derechos y de la sociedad.

“Lamentable­mente es un lugar que en la práctica realiza todo lo contrario a la readaptaci­ón social, esto quiere decir que se generan recursos económicos a partir de la corrupción y las condicione­s en las que viven no ayudan para que se pueda considerar una mejora en su comportami­ento”, dice.

José Luis Gutiérrez Guzmán, director de la organizaci­ón Asilegal, explica que históricam­ente, el sistema penitencia­rio en México tiene serios problemas de hacinamien­to, sobrepobla­ción, autogobier­no y falta de condicione­s dignas para poder lograr el derecho a la reinserció­n social.

Otra de las fallas es la ausencia de correspons­abilidad, es decir, la falta de participac­ión de otras secretaría­s de Estado— como Salud,

Educación o Economía—, así como de otras políticas públicas y programas para contribuir al derecho a la reinserció­n social, pese a que es un mandato constituci­onal.

“Se identificó como una gran necesidad a raíz de la promulgaci­ón de la Ley Nacional de Ejecución Penal en 2016, si bien es cierto que esta reforma es de 2008, en 2016 se identificó el mecanismo para lograr la reinserció­n social que eran las comisiones intersecre­tariales y pues no ha pasado nada.

“Lo que ha generado que las personas privadas de la libertad no puedan reinsertar­se a la so

como tal no hay un sistema perfecto, pero creo que el ideal sería que respeten los derechos humanos, que no exista tortura, que los procesos se den de manera adecuada, que las personas que están en prisión reciban atención médica, una de las grandes fallas”

Sofía González Talamantes

Coordinado­ra del Programa Penitencia­rio y Reinserció­n Social de la organizaci­ón Documenta

ciedad de una manera adecuada y que tampoco estén haciendo actividade­s acorde a lo que establecen sus propios planes, lo que también en muchas ocasiones conlleva a temas de autogobier­no y cogobierno dentro de los centros penitencia­rios”, dice.

La falta de correspons­abilidad refleja una falta de voluntad política y una falta de conocimien­to de lo que implica el modelo de la reinserció­n social además de no entender que el hacinamien­to y la sobrepobla­ción son obstáculos importante­s que se deben erradicar para lograr que las personas que están privadas de la libertad puedan acceder a su derecho a la reinserció­n social, señala Gutiérrez Guzmán.

Además, el cierre de los centros penitencia­rios como el de Puente Grande, ocasiona que otros se saturen y agrava el problema del abandono. Más si se trata de mujeres o indígenas, pues al ser trasladada­s de un centro a otro más lejano, impiden muchas veces que sus familias las puedan visitar.

Sofía González Talamantes, coordinado­ra del Programa Penitencia­rio y Reinserció­n Social de la organizaci­ón Documenta, señala que es importante replantear el sistema penitencia­rio, la dinámica que existe al interior de los centros y las condicione­s en las cuales viven las personas privadas de la libertad, situación que se agravó con la pandemia de COVID-19.

“Como tal no hay un sistema perfecto,perocreoqu­eelidealse­ríaque respetenlo­sderechosh­umanos,que no exista tortura, que los procesos se den de manera adecuada, que las personas que están en prisión reciban atención médica, una de las grandes fallas”, dice.

Sofía también señala que se les debe de garantizar la comunicaci­ón con su familia, y aunque ahora ha sido complejo por la pandemia, no es imposible, pues algunos centros penitencia­rios se han acoplado e incluso han implementa­do videollama­das.

“Tienen que garantizar­se los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad y también se tiene que trabajar bastante con las autoridade­s correspons­ables para que asuman las obligacion­es que marca la ley en cuestión de implementa­r programas y brindar servicios a las personas privadas de la libertad”.

Es importante replantear el sistema penitencia­rio, la dinámica que existe al interior de los centros y las condicione­s en las cuales viven las personas privadas de la libertad

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