CONSULTA POR EL AGUA
En puebla el problema de las concesiones de agua a empresas privadas provocó que la ciudadanía sufra cortes de servicio por falta de pago a pesar de que se viola el derecho humano para acceder al líquido, además de que están sujetos a cambios de tarifa po
En cuatro municipios de Quintana Roo, la ciudadanía decidirá el próximo 6 de junio si le retiran la concesión del suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la empresa Aguakan mediante una consulta popular, instrumento de participación que podría convertirse en una opción para revertir la privatización del líquido en otras zonas del país
La sociedad civil organizada encontró los mecanismos necesarios para luchar contra la privatización del agua
en el país.
A pesar de que todavía son pocos los instrumentos a través de los cuales la población puede intervenir para exigir sus derechos como el acceso al agua, las consultas ciudadanas serían una opción para quitarle el control del líquido a los privados.
El 6 de junio próximo, día en que se celebrarán elecciones federales y locales, en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, del estado de Quintana Roo, los electores podrán decidir si la empresa Aguakan continuará prestando el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Parte de las exigencias de la población son los altos costos por el líquido, así como la falta de mejoras en la infraestructura hidráulica.
A inicios de diciembre de 2020, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) aprobó la realización de la consulta ciudadana en las demarcaciones mencionadas y será a través de la elección popular como se determinará el futuro del aprovechamiento del agua en esa región.
Marybel Villegas Canché, senadora por la entidad quintanarroense y secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, es una de las impulsoras del mecanismo electivo y tuvo el respaldo de Laura Beristain, presidenta municipal de Solidaridad.
Concesión hasta 2053
La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, mejor conocida como Aguakan, recibió su primer título de concesión en 1993 por aprobación del Congreso de Quintana Roo.
En la décima cláusula del título se establece que esta compañía se encargaría de la prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales durante 30 años, es decir, que dicha concesión vencería en 2023.
En cuatro municipios de Quintana Roo, la ciudadanía decidirá el próximo 6 de junio si le retiran la concesión del suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la empresa Aguakan mediante una consulta popular, instrumento de participación que podría convertirse en una opción para revertir la privatización del líquido en otras zonas del país
Las actividades que realizaría Aguakan, solamente se enfocarían en las ciudades de Cancún (municipio Benito Juárez) e Isla Mujeres.
En 2014, el Congreso local determinó extender el aprovechamiento de agua para ofrecer servicios hidráulicos a la ciudadanía por 30 años más; es decir, que Aguakan podrá explotar el recurso y cobrar por sus actividades hasta el 31 de diciembre de 2053.
En el Artículo Primero del Decreto se autorizó que la entonces directora general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado estatal, Paula Guadalupe González Cetina, contratara créditos bancarios hasta por 980 millones de pesos para el pago de contraprestaciones correspondientes a la concesión otorgada a la compañía Aguakan.
En ese mismo decreto, se estableció que se incorporara la concesión del servicio público del municipio Solidaridad. El documento se encuentra firmado por González Cetina y por el entonces gobernador, Roberto Borge Angulo, hoy preso por aprovechamiento ilícito de poder, entre otros delitos.
En septiembre de 2016, Laura Beristain, quien entonces se desempeñaba como diputada local por el PT, exhortó al ayuntamiento de Solidaridad a rescindir los convenios por servicio de agua potable a la empresa Aguakan, al argumentar que la imposición del Legislativo estatal violaba la autonomía municipal y la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.
El artículo 127 de dicha ley estipula que las administraciones de los municipios quintanarroenses pueden declarar la caducidad de cualquier concesión de bienes.
En entrevista con Reporte Índigo, Beristain Navarrete, explica que la privatización del servicio de agua no ha traído mejoras para la ciudadanía del municipio de Solidaridad, que hoy gobierna.
“Luego de numerosas asesorías que se han brindado a la ciudadanía, se observa un cobro desmesurado en el servicio que presta Aguakan, ya que no establece un parámetro de cobro fijo y los medidores de agua en los domicilios de los particulares están en mal estado”, comenta.
La munícipe agrega que en la actualidad está en proceso un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado en el que se solicita que se declare la nulidad del decreto en el que se acordó la ampliación territorial y temporal de la concesión de agua potable y alcantarillado.
Además de la falta de claridad en los cobros, Beristain agrega que el sistema hidráulico tampoco ha recibido el mantenimiento adecuado.
“Derivado que no se actualizó ninguna inversión en infraestructura entregada por la CAPA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado) al particular de concesión, se ha generado un detrimento en la calidad del servicio y la contaminación del ecosistema de la región”, agrega la presidenta municipal.
En Puebla la población sufre los efectos de la privatización del suministro de agua. En 2013, el Congreso local aprobó modificaciones a la Ley del Agua para otorgar la concesión a operadores privados en 25 municipios, entre ellos, la capital, San Pedro Cholula, Tehuacán, Atlixco, San Martín Texmelucan y Huauchinango, entre otros.
La empresa beneficiaria con el permiso para operar el servicio del líquido es Concesiones Integrales SA de CV, conocida como Agua de Puebla.
La iniciativa fue presentada por el entonces gobernador panista Rafael Moreno Valle y aprobada por los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PT, Verde Ecologista, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.
En la actualidad, los ciudadanos que reciben estos servicios son víctimas de cortes en el servicio de agua potable o drenaje y del cambio de tarifas sin criterios claros, así lo denuncia Omar Jiménez Castro, abogado y defensor del agua en la entidad poblana.
Dentro de la reforma a la Ley de Agua estatal de 2013, se eliminó el artículo 118 Bis, el cual establecía que los facultados para modificar las tarifas del servicio hídrico y alcantarillado eran los diputados locales.
En sustitución de esa norma, se creó el artículo 118, el cual permite que los concesionarios del suministro de agua puedan “actualizar las tarifas y cuotas aprobadas, con base en el incremento reportado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor o bien, utilizando cualquier otro procedimiento que para el efecto determine la Estructura Tarifaria autorizada por el Congreso del Estado”, se lee en la ley.
Jiménez Castro considera que la cesión del suministro a privados bajo la promesa de que mejoraría el acceso al agua no ha sido cumplida.
“El servicio es peor. Cuando se traía el tema de la concesión, se decía que se le debía invertir capital privado para bajar costos y para ampliar la red hidráulica (…) sin embargo, hay más de 200 colonias que no tienen red y no se les ha ampliado, en otras 100 no tienen red de drenaje, usan
El servicio es peor, hay más de 200 colonias que no tienen red de agua y no se les ha ampliado, en otras 100 no tienen red de drenaje, usan fosa séptica, y todavía la concesionaria cobra entre 100 y 400 pesos para desazolvarlas”
Omar Jiménez Castro
Abogado y defensor del agua en Puebla
fosa séptica, que todavía la concesionaria cobra entre 100 y 400 pesos para desazolvarlas”, cuenta el abogado.
Omar Jiménez relata que otros de los abusos por parte de la compañía Agua de Puebla son los cortes al suministro cuando los usuarios adeudan pagos, una situación que vulnera el derecho humano de acceder a este recurso.
El defensor legal argumenta que estas interrupciones del servicio provocan afectaciones a la salud de la población y más en el actual contexto de la pandemia por COVID-19.
Asegura que ha promovido que se modifique la Constitución local para que se prohíban las suspensiones que opera la empresa y se cataloguen como un delito penal, pero sus peticiones han sido ignoradas.
“Si cortas agua y drenaje le estás provocando la muerte a las personas. Me conformaría con que queden prohibidos los cortes de agua y de drenaje”, concluye.