Outsourcing, el dilema
En febrero se cumple el plazo para presentar en el Congreso de la Unión la reforma para limitar la subcontratación, pero existen dos posiciones encontradas al respecto: una enfocada en la protección de los trabajadores y otra de las empresas
Obstaculizar la contratación de personal y el crecimiento de las empresas o asegurar los derechos de los trabajadores mexicanos, estas son las dos posturas irreductibles y más comunes cuando se aborda la discusión en torno a las reformas al sistema de subcontratación en México.
En febrero se cumple el plazo establecido por el Gobierno federal para enviar al Congreso de la Unión una reforma a diversas leyes para regular el outsourcing, luego de que en noviembre del año pasado líderes empresariales solicitaron posponer su discusión y posible aprobación así como el contenido de la propuesta.
La iniciativa prevé multas severas a las empresas que utilicen esquemasdeevasióndeimpuestos, que además de procesarlas por el delito de defraudación fiscal, contempla la integración de un padrón público para las empresas de outsourcing que podrán operar previa autorización de la Secretaría del Trabajo.
Las empresas de outsourcing sólo podrán intervenir en el proceso de contratación, reclutamiento, selección o capacitación sin que eso implique establecerse como patrón, en caso de que se apruebe la iniciativa justo como la presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para sus detractores, esta reforma llega en el peor momento posible debido a que las empresas
Las empresas de outsourcing sólo podrán intervenir en el proceso de contratación, reclutamiento, selección o capacitación sin que eso implique establecerse como patrón, en caso de que se apruebe la iniciativa como la presentó el presidente
La iniciativa como está redactada no va a asegurar que los trabajadores tengan un contrato estable o se les integre a la seguridad social, si se acaba este esquema se acabaría con millones de empleos formales para los trabajadores”
Héctor Márquez
Director comercial en México, Caribe y Centroamérica de Manpower
se encuentran débiles por el paro económico que se produjo con las medidas de confinamiento que se establecieron en 2020 y parte de este año.
“La iniciativa como está redactada no va a asegurar que los trabajadores tengan un contrato estable o se les integre a la seguridad social, si se acaba este esquema se acabaría con cuatro millones de empleos formales para los trabajadores”, señala Héctor Márquez, director comercial en México, Caribe y Centroamérica de Manpower.
El especialista explica que los patrones evaluarán la situación económica de sus empresas para determinar si eliminan los puestos tercerizados o los integran a sus nóminas, pero se pronostica que en la mayoría de los casos se dejarían ir a esos trabajadores.
En el otro extremo de la discusión están organismos como el Observatorio del Trabajo Digno que advierten la importancia de erradicar este tipo de contratación, incluso si esto provoca la pérdida de empleos que están basados en esquemas de violación de derechos laborales.
Actualmente el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo establece que el régimen de subcontratación es el proceso por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores a favor de un contratante, una persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.
Aunque no hay datos exactos en torno al número de personas que están contratadas bajo este esquema, cálculos presentados por el Gobierno federal señalan que actualmente hay cuatro millones 600 mil trabajadores bajo este esquema y una incorporación promedio de 200 mil al año.