Crímenes de la fe
Un sacerdote obliga a su víctima a enjuagarse la boca con agua bendita, después de forzarla a cometer un acto sexual…
Otro cura violó a una jovencita internada en un hospital, internada porque le removieron sus anginas…
Una menor más atada y azotada con un látigo de cuero por un sacerdote…
Y otro cura más, al que se le permitió mantenerse en su ministerio después de encontrar que embarazó a una joven y gestionó que tuviera un aborto.
Estos son apenas un puñado de ejemplos de los cientos que se documentaron en Pensilvania y que exhibieron el abuso sexual de unos 300 sacerdotes a más de mil víctimas con nombre y apellido.
A lo largo de 70 años, esos crímenes cometidos en nombre de la fe por depredadores que hicieron de la sotana su instrumento de seducción y abuso.
Una saga que solo rivaliza con las condenables conductas del padre Marcial Maciel, jerarca de los Legionarios de Cristo, quien después de ser protegido desde las altas esferas del Vaticano, acabó expuesto como un psicópata con severas desviaciones sexuales, proclive a violar menores.
El caso de Pensilvania, mostrado esta semana al mundo luego de que un Gran Jurado dictaminara la culpabilidad de los 300 sacerdotes, tiene en conmoción no solo a los católicos, sino a todos los norteamericanos por igual.
Son casos que comenzaron a documentarse en 2002 y que ahora, por primera vez en una investigación efectuada en seis diócesis, acreditan con todo detalle los abusos de víctimas que al fin se atrevieron a testificar.
El caso es tan escandaloso que alcanzó al Cardenal Theodore E. Mccarrick, quien fuera Arzobispo de Washington, y a quien se le acusara de abusar lo mismo a menores, que a jóvenes sacerdotes y seminaristas.
El reporte del Gran Jurado detalla no solo los métodos del abuso de los sacerdotes a los menores,
sino la protección que los depredadores tuvieron, lo mismo de los jerarcas de su diócesis, los de su estado, de los altos clérigos norteamericanos y eventualmente del Vaticano.
Y cuando uno ve estas investigaciones de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, no se tiene más que una pregunta: ¿por qué en nuestro país no se investigan a fondo los cientos de delitos sexuales de sacerdotes que abusan de su feligresía?
En México se detonó el escándalo del Padre Maciel, luego de años y largas disputas judiciales de sus víctimas, que luchaban contra las acusaciones de los fanáticos religiosos que desechaban los alegatos calificándolos de “herejías para destruir a la Iglesia”.
Los comunicadores que osamos exponer al público las denuncias –incluidos los casos de Carmen Aristegui y Ciro Gómez Leyva- fuimos linchados en leña verde, hasta que la verdad afloró con proporciones jamás imaginadas.
Las abundantes acusaciones de abusos de sacerdotes depredadores de menores a lo largo y ancho de México, se toparon siempre con la exigencia de silencio del Cardenal Norberto Rivera Carrera.
Las tácticas en México, al igual que en Pennsylvania, eran las mismas. Ocultar el escándalo, transferir al sacerdote depredador a alguna diócesis lejana y proponerle a la víctima una compensación económica a cambio de su silencio.
Sería sano para la Iglesia Católica mexicana
exorcizar de motu proprio sus demonios con algún Gran Jurado que escuchara a los cientos de víctimas y que dictara sentencia sobre aquellos que sean hallados culpables.
De no hacerlo, más temprano que tarde serán exhibidos por terceros todos aquellos que utilizaron su sotana y su crucifijo para cometer sórdidos crímenes de fe.