Reporte Indigo Monterrey

Blindan casa de Lozoya

- Indigo Staff

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), interpuso un amparo para evitar que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) se quede con su residencia de Lomas de Bezares.

En septiembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró la propiedad, de nueva cuenta, tras corregir detalles del proceso señalados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal.

El Tribunal Federal otorgó un amparo a Lozoya, dejando sin efecto el aseguramie­nto realizado por la FGR.

Luz María Ortega Tlapa, jueza Octava de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien en primera instancia concedió el amparo al quejoso, conminó al agente del Ministerio Público de la Federación para que dé cumplimien­to a la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada.

No obstante, la Fiscalía solicitó unos días para cumplir con el fallo y la jueza le concedió por única ocasión una prórroga de diez días contados a partir de la notificaci­ón legal.

La residencia de Lozoya en las Lomas fue asegurada por supuestame­nte haber sido comprada en 2012 con dinero recibido por su hermana Gilda Susana, de parte del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo.

Lozoya volvió a interponer un amparo, ahora en contra del director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de México y contra el titular del Indep.

El exfunciona­rio reclamó el acuerdo del 22 de septiembre por el cual se decretó el aseguramie­nto de la residencia de Lomas de Bezares.

También solicitó la protección contra la inscripció­n o anotación hecha por el Registro Público de la Propiedad del aseguramie­nto, además de impugnar el cumplimien­to que se dé al acuerdo de aseguramie­nto del Indep.

de Puente Grande, l penal de alta seguri@lau_dacontedad en Jalisco, encerraba todos los problemas que se buscan erradicar en una cárcel.

De acuerdo con el Diagnóstic­o Nacional de Supervisió­n Penitencia­ria 2019, tenía deficienci­as en los servicios de salud e insuficien­cias en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

También carecía de personal de seguridad y custodia, por lo que había una gran presencia de actividade­s ilícitas e inexistenc­ia de actividade­s educativas, deportivas, laborales y de capacitaci­ón; así como falta de atención a personas adultas mayores.

Pero lo más preocupant­e y grave: no estaba bajo el mando de las autoridade­s penitencia­rias, como lo establece la ley.

Integrante­s del Cártel de Jalisco Nueva Generación ejercían un autogobier­no, reveló Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el seminario virtual del Colegio de México“¿cómoandala­seguridad?”, celebrado el pasado 1 de octubre.

Los problemas descritos anteriorme­nte no son nuevos, ni exclusivos de este centro de readaptaci­ón. Están en la mayoría de los penales del país, sean estatales o federales, a pesar de que las condicione­s son distintas y cada uno tiene sus particular­idades.

Sin embargo, solo cuando ocurren hechos que hacen mirar a los penales y a las personas privadas de su libertad que ahí se encuentran, surge la pregunta, ¿qué dirección debe tomar el sistema penitencia­rio para cumplir su objetivo de reinserció­n? ¿Es necesaria una reforma? ¿Cuál es el modelo a seguir?

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