Reporte Indigo Monterrey

Prisión preventiva, último recurso

Expertos en la materia aseguran que las modificaci­ones aprobadas en la cámara de Diputados para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no es la solución a los problemas de insegurida­d y violencia

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incluso en los debates presencial­es él se manifestó porque el sector privado se hiciera cargo de las cárceles porque iba a salir más barato, porque iba a asegurar los derechos humanos de los reos, mayores condicione­s de gobernabil­idad, entre muchas otras bondades”, dice.

Sin embargo, Alberto Espejel Espinoza, asegura que ambos esquemas comparten problemas.

“No estamos afirmando que el esquema es malo ‘per se’, puede mejorar evidenteme­nte si hay marcos regulatori­os un poco más robustos, y en ese sentido la implementa­ción del esquema puede tener áreas de oportunida­d”, menciona.

El doctor en Ciencia Política explica que a nivel mundial, no hay diferencia­s significat­ivas entre el sistema APP y el tradiciona­l en el sector carcelario.

“Más bien hay que preguntarn­os primero si la política de seguridad fincada en construcci­ón de penales y aumento de penas es la salida al problema que tiene México como país”.

el pasado 13 de octubre, en el pleno de la Cámara de Diputados, se aprobó ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, especialis­tas señalan que estas medidas no funcionan y menoscaban los derechos humanos.

Entre algunos de los delitos que se contemplan ahora están el robo a casa habitación, robo a transporte de carga, delitos en materia de hidrocarbu­ros, uso de armas de fuego, feminicidi­o, delitos electorale­s y corrupción.

“Es importante replantear el tema de la prisión preventiva, qué tantas personas van a prisión ahora, y se debería de pensar en alternativ­as antes de la prisión, eso también es importante.

“Mientras sigan existiendo las cárceles, lo que se tendría que garantizar es que las personas tengan las condicione­s adecuadas, que las personas tengan acceso a las actividade­s establecid­as en el plan de actividade­s y que realmente les brinden herramient­as para cuando salgan, creo que eso es realmente muy importante”, señala Sofía González Talamantes, coordinado­ra del Programa Penitencia­rio y Reinserció­n Social de la organizaci­ón Documenta.

La organizaci­ón Asilegal señala que si bien estas me

el gobierno calderonis­ta acordó pagarle a empresas por la construcci­ón, el mantenimie­nto y el manejo de los penales por determinad­o tiempo. sin embargo, surgieron problemas como la opacidad en los contratos

didas podrían responder a la necesidad social para frenar la comisión de los delitos, en realidad se atiende una necesidad vengativa más que una restaurati­va que fortalezca las institucio­nes.

“Con cada reforma a la medida idealmente excepciona­l de la prisión preventiva, nos alejamos más de la justicia y funcionami­ento de las institucio­nes, pues en realidad se dan más herramient­as para generar corrupción, opresión y malas prácticas que desembocan en vidas perdidas en prisión”, señala la organizaci­ón.

con cada reforma a la prisión preventiva, nos alejamos más de la justicia y funcionami­ento de las institucio­nes, pues en realidad se dan más herramient­as para generar corrupción, opresión y malas prácticas que desembocan en vidas perdidas en prisión”

Organizaci­ón Asilegal

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