REDES DE PODER
‘Pobre’ libertad de expresión
La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR este año recibirá de presupuesto 15 millones de pesos y conservará los 20 agentes con los que contaba el año pasado. En 2010 arrancó con la mitad de agentes, pero su presupuesto era de 695 mil pesos, apenas. El incremento ha sido fuerte. Aunque se debe tomar en cuenta que el gran cambio llegó con el arribo a la presidencia de Enrique Peña Nieto. En 2012, último año de Felipe Calderón, la FEADLE operaba con tres millones de pesos y, en el primer año del mexiquense, el presupuesto llegó hasta 39 millones de pesos. De ahí fue disminuyendo, en 2019 apenas recibió 12.8 millones de pesos y 17 agentes del Ministerio Público. En lo referente al número de agentes del MP, en 2010 apenas era una decena. En 2018 había 22 personas y este año se prevé que trabajen las mismas que en 2019, es decir, se mantienen los 20 agentes.
Esa área no tiene asignados policías investigadores o peritos, lo que significa que operan con elementos “prestados” por otras áreas. ¿Así se esperan resultados en investigaciones, por ejemplo, sobre agresiones a periodistas?
Nueva brecha en conflicto de Notimex
Una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que ordenó la reinstalación de Adriana Urrea Torres, lideresa del Sutnotimex, a su puesto en la agencia de noticias, abrió una nueva brecha en las negociaciones para terminar con la huelga que ya se extendió durante más de un año. Urrea Torres, tiene abiertos diversos juicios por haber realizado viajes personales al extranjero a costa del presupuesto de Notimex, lo que, a juicio del representante legal de la agencia, le impide ser reinstalada. Aunque Notimex tramitará un amparo para dejar sin efecto el ordenamiento de la JFCA, esta sentencia viene a complicar aún más la resolución del conflicto, pues precisamente una de las condiciones que pusieron los directivos de la agencia fue la negativa de reinstalar a Urrea debido a los juicios que pesan en su contra. Esta semana, las partes sostuvieron una reunión con Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, para intentar llegar a una mediación; sin embargo, la misma terminó sin acuerdos. Ahora, el panorama, por difícil que parezca, luce aún más adverso.