EL FISCAL CONCILIADOR Y NUEVA PUGNA CON LA FEDERACIÓN
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a cargo de Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, se fue por la salida fácil en el caso de la denuncia de Clara Luz Flores Cararales por violencia política contra el comediante Marco Polo, pues sugirió bajar el contenido en un periodo de seis horas.
De Hoyos Koloffon solicitó al comediante que también ofreciera una disculpa. Además, no podría subir ningún contenido en referencia a la candidata en 60 días.
Aunque esta resolución se podría tomar como un acto de censura hacia el comediante, hay elementos para considerar la comisión de un delito. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 6 en un apartado del ámbito digital, que se trata de aquellos actos de violencia de género cometidos, en parte o totalmente, cuando se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas de redes sociales, que causen daño psicológico o emocional, refuercen los prejuicios, dañen la reputación, causen pérdidas económicas, planteen barreras a la participación en la vida pública o privada de la víctima o puedan conducir a formas de violencia sexual o física.
Sin duda, es un tema polémico, pero al menos de momento, Clara Luz quedará blindada, aunque también muy cuestionada. Lo cierto, es que Koloffon debió aterrizar un hecho sin precedente, definir si había o no elementos para no sancionar y se fue por lo más fácil.
NUEVA PUGNA CON LA FEDERACIÓN
La controversia por las vacunas chinas Sinovac contra COVID-19 que llegaron el pasado 7 de marzo a Nuevo León y Tamaulipas, supuestamente con problemas en la red de frío que se requiere para mantener su eficacia, abrió un nuevo frente de batalla de los dos gobiernos estatales contra la Federación.
Tanto el secretario de salud de Nuevo León, Manuel de la o, junto con Gloria Molina, su homóloga en Tamaulipas, afirmaron que no aplicarán estas vacunas en sus respectivas entidades, pues contraviene la guía de aplicación difundida por el propio Gobierno federal.
A pesar de que la secretaría de salud federal informó que el fabricante modificó los criterios de conservación de las dosis, los funcionarios mantienen su postura de no aplicarlas, deslindándose también de si la Federación decide hacerlo en otro lugar.
¿Cuál será la respuesta del Gobierno federal?