Tormenta de recursos legales
A través de amparos, acciones de inconstitucionalidad y suspensiones, la Ley de la Industria Eléctrica que promueve Andrés Manuel López Obrador se encuentra detenida. A pesar de la controversia por los posibles daños que esta reforma podría provocar en materia ambiental, de competitividad y de inversión extranjera, el presidente insiste en hacerla una realidad
A través de amparos, acciones de inconstitucionalidad y suspensiones, la Ley de la Industria eléctrica que promueve andrés manuel López obrador se encuentra detenida. a pesar de la controversia por los posibles daños que esta reforma podría provocar en materia ambiental, de competitividad y de inversión extranjera, el presidente insiste en hacerla una realidad
La polémica Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que busca favorecer la energía producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que es impulsada por el Gobierno federal, Morena y sus aliados, podría no llegar a puerto debido a una tormenta de amparos, suspensiones, controversias e incluso acciones de inconstitucionalidad.
Los promoventes de estos recursos jurídicos son diversos, al igual que sus fines y argumentos. Hay quienes acusan que la reforma afecta la competencia económica y quienes buscan proteger al medio ambiente, ya que la ley deja en un segundo plano a las energías limpias.
Desde el Poder Judicial está naciendo una nueva oposición a la maquinaria aplanadora de Morena y a sus políticas con las que buscan cimentar la Cuarta Transformación, algo que no tiene contento al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Incluso, el jefe del Ejecutivo federal, arremetió en contra del juez que concedió la primera suspensión a la reforma, Juan Pablo Gómez Fierro, acusándolo de no actuar conforme a la ley y cuestionando su honorabilidad.
“La ley de amparo establece la posibilidad de suspensión en temas generales, el juez no está actuando más allá de sus facultades, de sus competencias y atribuciones. La sobrerreacción del presidente tiene que ver con la relevancia política para su proyecto de Gobierno que tiene la reforma eléctrica y para la reforma energética en general. El presidente está echando la lámina y es seguro que va a empujar todo lo que considere un obstáculo”, comenta José Roldán Xopa, especialista en derecho constitucional.
La respuesta del jefe del Ejecutivo federal ha sido enérgica e incluso ha amagado con una reforma contundente al Poder Judicial desde el Poder Legislativo.
Este enfrentamiento no sólo podría mermar la credibilidad de los juzgadores, al mismo tiempo que frena un ámbito estratégico para la Cuarta Transformación, sino que, de acuerdo con expertos consultados por Reporte Índigo, podría derivar en una crisis constitucional.
Las decisiones incómodas del Poder Judicial contra el Gobierno federal en materia eléctrica comenzaron el pasado 3 de febrero cuando lasegundasaladelasupremacorte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en definitiva la política eléctrica establecida en el llamado “Decreto Nahle”, que limitaba a productores privados de energías renovables y favorecía a la CFE.
Esedía,lasupremacorteeliminó, por cuatro votos a favor y uno en contra, las 22 disposiciones de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener), por violar el marco constitucional en materia de libre competencia, sustentabilidad, operación de la industria eléctrica y transición a energías limpias.