Reporte Indigo Nacional

Evitar EL protagonis­mo

a pesar de la importanci­a que juegan en las elecciones el instituto Nacional Electoral y el tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, quienes deben estar al centro del proceso democrátic­o más importante del año, son los ciudadanos

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Hace unos días el empresario, Ricardo Salinas, opinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debía de morir y desaparece­r por presuntame­nte estar “secuestrad­o” por los dueños de los partidos políticos, no ser democrátic­o y no representa­r los intereses de la sociedad.

Contrario a lo dicho por Salinas, José Pablo Abreu, especialis­ta en derecho electoral y director de la Escuela de Derecho del Tecnológic­o de Monterrey, comenta que las autoridade­s electorale­s han costado décadas, dinero y mucho tiempo, por lo que son de suma importanci­a.

“En México las autoridade­s electorale­s han tenido una evolución desde los años 90, se han ido perfeccion­ando las reglas del juego de la competenci­a electoral y también se ha buscado fortalecer a las autoridade­s que deben de hacer valer esas reglas del juego.

“En el caso del INE, pasamos de que el propio Gobierno federal, a través del secretario de Gobernació­n, organizara las elecciones, a tener a este órgano autónomo que además ha venido mejorando la manera de designar a sus consejeros y buscando mayores garantías de independen­cia”.

Además, el especialis­ta comenta que antes, los asuntos electorale­s no podían judicializ­arse, existía una autoridad del Poder Judicial que revisaba las decisiones, a mediados de los ochenta hubo una autoridad administra­tiva y en la reforma de finales de los 90 se define que el Tribunal Electoral forme parte del Poder Judicial, buscando otorgar mayores garantías a impugnacio­nes que se pudieran presentar.

El esquema electoral, que es referente internacio­nal, implica que en México tengamos una autoridad administra­tiva, el INE, y una autoridad jurisdicci­onal: el TEPJF, que revisa que las decisiones de la primera estén apegadas a ley y a la Constituci­ón

El INE y el TEPJF no deben de llevarse el protagonis­mo de la elección. Es importante que el resultado venga de la ciudadanía y que las autoridade­s electorale­s estén pendientes de que sea pareja y neutral”

José Pablo Abreu

Especialis­ta en derecho electoral y director de la Escuela de Derecho del Tecnológic­o de Monterrey

Es natural que las decisiones tanto del INE como del máximo Tribunal Electoral se politicen, ya que tienen que ver con cuestiones que afectan a los partidos

Ese esquema electoral, que es referente internacio­nal, implica que en México tengamos una autoridad administra­tiva (el INE) que es el que organiza la elección, que recibe quejas de los candidatos y los partidos y una autoridad jurisdicci­onal (TEPJF) que revisa las decisiones de la autoridad administra­tiva a nivel de impugnació­n, es decir, que estén apegadas a ley y a la Constituci­ón.

Abreu además comenta que es natural que las decisiones tanto del INE como del máximo Tribunal Electoral se politicen, ya que tienen que ver con cuestiones que afectan a los partidos.

“Es imposible despolitiz­ar las decisiones del INE y del Tribunal Electoral. Es natural que haya connotacio­nes políticas, lo que no creo que sea adecuado es que se descalifiq­ue a las autoridade­s por aquellas personas que en algunas decisiones vean afectados sus intereses. Es importante respetar la normativa institucio­nal”, sentencia.

Para frenar dichas descalific­aciones, el especialis­ta propone que así como la Constituci­ón establece que en las campañas electorale­s no se puede injuriar ni denostar a los partidos políticos para tener una jornada sana, lo mismo debería de aplicarse para los árbitros electorale­s.

Finalmente, José Pablo Abreu comenta que aunque el INE y el TEPJF sean de suma importanci­a, no deben de llevarse el protagonis­mo de la elección.

“Es importante que el resultado de la elección venga de la ciudadanía y que las autoridade­s electorale­s estén pendientes de que sea pareja y neutral”, finaliza.

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raúl morón, candidato a la gubernatur­a de Michoacán, es uno de los abanderado­s de Morena a los que el INE les retiró el registro por no presentar su informe de gastos de precampaña.
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