Reporte Indigo Nacional

Testigos para operación Tornado

La Fiscalía Especializ­ada en Combate a la Corrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, ha enviado citatorios para la comparecen­cia personal de exservidor­es públicos durante el sexenio de Rodrigo Medina de la Cruz, en su carácter de testigos

- POR Jesús Padilla jesus.padilla@reporteind­igo.com

La Fiscalía Especializ­ada en Combate a la Corrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, activó la Operación Tornado con la que el mandatario Jaime Rodríguez Calderón prometía encarcelar al exgobernad­or Rodrigo Medina.

Documentos en poder de Reporte Índigo revelan que la fiscalía ha enviado citatorios para la comparecen­cia personal de exservidor­es públicos durante el sexenio de Medina de la Cruz, en su carácter de testigos para la práctica de una diligencia.

“Se le notifica que se hace necesario que comparezca personalme­nte ante esta Representa­ción Social en su carácter de testigo para la práctica de una diligencia dentro de la carpeta de investigac­ión”, dice una cédula citatoria de la fiscalía.

El documento se sustenta en lo establecid­o por los artículos 20 y 21 de la Constituci­ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 25 de la Constituci­ón Política local, artículos 90, 91, 127, 131 y demás relativos del Código Nacional de Procedimie­nto Penales. Y también menciona lo que sucedería si el testigo no se presenta a comparecer sin causa justificad­a.

“El órgano jurisdicci­onal y el ministerio público podrán disponer de las siguientes medidas de apremio: a) amonestaci­ón; b) multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio; c) auxilio de la fuerza pública o d) arresto hasta por 36 horas”, menciona el citatorio.

“El Bronco”, a través de la desapareci­da Subprocura­duría Especializ­ada en Combate a la Corrupción, presidida entonces por Ernesto Canales, quien era auxiliado por el ahora secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, anunció la integració­n de 117 carpetas de investigac­ión por daño patrimonia­l, peculado, ejercicio indebido y abuso de funciones. A la fecha, cerca de 40 carpetas de investigac­ión aún están abiertas.

¿Habrá carpetazo?

Al parecer, los testigos serán citados no para combatir posibles actos de corrupción durante el sexenio del exmandatar­io Rodrigo Medina de la Cruz, sino para cerrar las carpetas investigac­ión.

La Operación Tornado arrancó en 2016 con la promesa de “El Bronco” de encarcelar a Medina de Cruz junto a otros funcionari­os de su administra­ción por encontrar malos manejos vinculados a posibles actos de corrupción. El exgobernad­or estuvo 19 horas internado en el penal de Topo Chico, tras ser imputado por entregar estímulos fiscales fuera de la ley a la armadora Kia Motors.

Y aunque Garza y Garza recibió estas carpetas de investigac­ión como parte de la herencia de la desapareci­da Subprocura­duría de Canales y algunos exfunciona­rios fueron vinculados a proceso, todo apunta que no habrá combate a la corrupción.

Fuentes cercanas al caso aseguran a Reporte Índigo que la fiscalía acelera el proceso de comparecen­cias para cerrar las carpetas al, supuestame­nte, considerar que no hay elementos de prueba

para que se pueda conseguir una imputación ante un juez.

Y es que, de continuar el proceso legal abierto, la fiscalía podría perder todos los casos, lo que generaría una denuncia por daños en miles de millones de pesos invertidos en las investigac­iones a las personas que integran los expediente­s de Canales.

Las fuentes aseguran que sería la propia fiscalía la encargada de pagar el monto de la denuncia y no el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.

La otra probabilid­ad, dicen las fuentes, es que el fiscal Javier Garza y Garza cierre todos los casos de la Operación Tornado, y los junte con otros que prescribie­ron después de casi seis años.

La tendencia de Garza y Garza ha sido “limpiar” los expediente­s de la operación desde su nombramien­to en marzo de 2018, pues las causas penales que involucran al exmandatar­io Rodrigo Medina dejaron de ser prioridad.

Al parecer, el fiscal desistió en los casos heredados por parte de Ernesto Canales y tampoco ha abierto ninguna nueva carpeta de investigac­ión. En abril, aseguró que las carpetas de su antecesor estaban mal integradas y faltaban datos de prueba.

“Estamos analizando cuál es el mejor camino a seguir porque la idea es que prosperen, pero si no están bien integrados, definitiva­mente tenemos que verlas. Hay infinidad de defectos, falta de pruebas, fundamenta­lmente, y falta de datos de prueba, y que definitiva­mente van a producir una no vinculació­n a proceso”, dijo el 4 de abril afuera del Congreso local.

Pocos resultados en combate a corrupción

La Fiscalía Especializ­ada en el Combate a la Corrupción, a cargo de Javier Garza y Garza, ha tenido pocos resultados en la investigac­ión de casos de corrupción en Nuevo León. Hasta el momento, no ha mostrado avances de las carpetas que han sido abiertas.

Además, no ha informado sobre los procesos penales abiertos y las personas sentenciad­as, así como la recuperaci­ón de activos por actos de corrupción.

En cambio, Canales, quien fue designado por “El Bronco” como subprocura­dor anticorrup­ción en diciembre de 2015 logró en su primer año de gestión abrir 250 carpetas de investigac­ión de la administra­ción del exmandatar­io Rodrigo Medina.

La diputada Mariela Saldívar había declarado a Reporte Índigo que la fiscalía de Javier Garza y Garza tenía cero resultados en combate a la corrupción en Nuevo León, a pesar de que existen varios casos que ameritan una investigac­ión.

“El Sistema actual, como está, tiene menos resultados que cuando no era autónomo y no tenía un comité coordinado­r”, dijo la legislador­a.

Para este año, la Fiscalía de Javier Garza y Garza solicitó un presupuest­o de 106 millones de pesos y será la Fiscalía General de Justicia, a cargo de Gustavo Adolfo Guerrero, la que decida cuántos recursos públicos se le entregará.

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“el Bronco” prometió meter a la cárcel a Rodrigo Medina pero no ha cumplido desde su campaña.
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El fiscal Javier garza y garza ha sido cuestionad­o en su combate a la corrupción

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