Militarización, una estrategia fallida
En México se vive una entrega progresiva de funciones gubernamentales a instituciones castrenses; el proceso afecta enormemente a la ciudadanía y a las instituciones encargadas de su protección
De las múltiples consecuencias que trae consigo en la vida pública la militarización de la seguridad pública y el uso de las Fuerzas Armadas como estrategia para erradicar la violencia en México, sobresalen las violaciones a los derechos humanos de la sociedad, a través de desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales; así como la precarización de diversas instituciones, incluidas las que están enfocadas al cuidado de los ciudadanos, como la policía, en razón de destinar mayor presupuesto a los organismos militares, de acuerdo con la organización Mexicanos Unidos contra la Delincuencia (MUCD).
Como parte de la serie “La militarización de la seguridad pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz”, MUCD presentó el 7 de abril el primer informe, de cinco, que reúne los datos disponibles y más relevantes de los efectos más contundentes de esta estrategia.
El concepto de militarización tiene un amplio espectro, pero en su manera más simplificada implica la subordinación de las fuerzas policiales a la autoridad militar, normalmente expresada por la preminencia de los mandos militares sobre los civiles tanto en la ejecución de operativos o maniobras tácticas como en la toma de decisión estratégica y política; y la incorporación de características militares a la estructura, organización y cultura de las agencias de seguridad pública. Un ejemplo de esto es la Guardia Nacional.
Dicho documento resume evidencia sobre el impacto del uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública para los derechos humanos, mediante un repaso del uso progresivo del ejército y las instancias ligadas a él desde los dos últimos Gobiernos hasta el actual.
Presentado de manera virtual, con la participación del equipo de MUCD; su directora, Lisa Sánchez; Estefanía Vela Barba, directora de Intersecta; y de Ixchel Cisneros, directora de El día después, el reporte apunta que la estrategia continuada por los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y el actual gobernante, Andrés Manuel López Obrador, no ha resultado efectiva para disminuir la violencia, y en ningún periodo ha contado con un ningún diagnóstico de la magnitud del problema ni indicadores para medir la política implementada.
impide la construcción de autoridades civiles
De la serie destaca el crecimiento de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, en comparación con organizaciones civiles encargadas de brindar seguridad pública.
La investigación señala que, aunque la Guardia Nacional se implementó como un órgano civil, es dirigido por militares, y que el presupuesto designado para su operación es de 4 mil 103 millones de pesos, el más alto de la historia para este rubro.
De este modo, al haber un presupuesto limitado para la seguridad, las instituciones que se vieron afectadas por la inversión para la Guardia Nacional fueron el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.
Factor que repercute de manera directa a las instancias municipales y estatales, al no tener recursos suficientes para sostener a las policías locales, y deja en manos del Estado y las Fuerzas Armadas el control de su seguridad.
El concepto de militarización implica la incorporación de características militares a la estructura, organización y cultura de las agencias de SP