Rumbo transexenal
La militarización del país no es un fenómeno reciente, sino un problema que se viene arrastrando desde hace tres sexenios y que se ha ahondado a pesar de los malos resultados que ha dejado en materia de seguridad
La militarización no es un problema de un partido político u otro, sino un fenómeno que debe ser leído como un déficit sistémico del Estado mexicano, agudizado justo en la medida que las violencias se profundizan y diversifican, en una espiral impulsada, en parte, por el propio enfoque centrado en el uso de la fuerza y la intervención militar”
Ernesto López Portillo
Experto en seguridad
La militarización del país y el otorgamiento de mayores facultades en el ámbito civil para los militares, no es un fenómeno reciente, sino un problema que se viene arrastrando desde hace tres sexenios y que se ha ahondado a pesar de los malos resultados que ha dejado en materia de seguridad
Andrés Manuel López Obrador es el tercer presidente que ocupa el cargo desde que se intensificó el uso del Ejército en el país para combatir la inseguridad, tareas que hace cuatro sexenios usualmente estaban destinadas a corporaciones civiles.
El problema es que la estrategia que hoy defiende y promueve el primer mandatario, y la cual se ha venido arrastrando con cada cambio de adminisla tración, presenta los mismos errores de sus antepasados: reproducir políticas de seguridad que no se basan en resultados sostenibles y dar cada vez más preferencia a la vía militar, asegura el estudio “Militarización en la 4T”.
“Cabe aclarar que (la militarización) este no es un problema de un partido político u otro, sino un fenómeno que debe ser leído como un déficit sistémico del Estado mexicano, agudizado justo en la medida que las violencias se profundizan y diversifican, en una espiral impulsada, en parte, por el propio enfoque centrado en el uso de la fuerza y intervención militar”, explica Ernesto López Portillo, experto en seguridad y coordinador del informe.
A lo largo de los últimos 15 años, los resultados de esta estrategia, en la que cada vez el Ejército cumple con más funciones civiles, han quedado claros, pues al día de hoy, las condiciones de seguridad y paz en México no se han logrado.
El 2019, primer año de la administración de López Obrador, es a la fecha el periodo más violento del que se tiene registro en el país, al acumular 35 mil 659 homicidios dolosos. Un año después, a pesar de que por la pandemia algunos de los principales delitos en México disminuyeron, el número de asesinatos fue menor apenas por 128 víctimas.
En lo que va de 2021, ya suman 5 mil 598 personas que perdieron la vida de manera violenta.
“El uso de las Fuerzas Armadas es una estrategia de seguridad fallida que, además, ha tenido como efecto el aumento en las violaciones a los derechos humanos y en los índices de violencia, así como en el debilitamiento de las instituciones de seguridad civiles”, asegura la investigación realizada por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y presentada el 7 de abril de este año “La militarización de la Seguridad Pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz”.
Sin embargo, la escalada de la violencia como hoy la conocemos, no se dio de un día para
El uso de las Fuerzas Armadas es una estrategia de seguridad fallida que, además, ha tenido como efecto el aumento en las violaciones a los derechos humanos y en los índices de violencia, así como en el debilitamiento de las instituciones de seguridad civiles”
MUCD Investigación
“La militarización de la Seguridad Pública”
A lo largo de los últimos 15 años, los resultados de la militarización del país no han abonado para
que existan condiciones de seguridad y paz en
México
La promesa de los últimos gobiernos de desmilitarizar al país no se han cumplido ya que cada vez se le confieren más responsabilidades a las Fuerzas Armadas
El estudio, “Militarización en la 4T”, identifica al gobierno panista de Felipe Calderón, como el punto de quiebre en el uso del Ejército para tareas de seguridad pública.
“México es uno de los países que tienen la curva creciente más pronunciada de homicidios violentos en el mundo, al menos en lo que va del siglo. Por lo tanto, nadie debería dudar de la urgencia de poner a discusión la preferencia por la vía militar que ha seguido el Estado, en particular desde el sexenio presidido por Felipe Calderón Hinojosa”.
Un mal necesario
Para normalizar y profundizar las labores de los militares en cada vez más tareas civiles, las últimas tres administraciones: Felipe Calderón (PAN), Enrique Peña Nieto (PRI) y Andrés Mada nuel López Obrador (Morena), han impulsado su uso ante la población como un mal necesario para devolverles la paz y la seguridad.
Sin embargo, no sólo han incumplido sus compromisos, sino que cada vez se les confieren más responsabilidades a las Fuerzas Armadas, haciendo de la promesa de la desmilitarización, una realidad cada vez más lejana.
Durante el segundo sexenio del blanquiazul en el poder, el titular del Ejecutivo usó como excusa el combate a las drogas y a los grupos criminales que las trafican para sacar al Ejército a las calles.
Seis años después, a pesar del evidente fracaso en la estrategia de seguridad de su antecesor,
Enrique Peña Nieto decidió darle continuidad, y no solo eso, sino que intentó normalizar esta situación al darle un marco legal a dicha participación a través de la Ley de Seguridad Interior, explica el documento “La militarización de la Seguridad Pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz”.
Además, señala que en el caso del actual gobierno, la militarización de la seguridad pública se ha profundizado e institucionalizado gracias a la reforma constitucional de marzo de 2019, con la que se creó a la Guardia Nacional (GN), la cual, a pesar de que en el texto constitucional quedó como una corporación civil y policial, en los hechos se ha convertido en una institución militarizada, integraotro.
por elementos de la Policía Militar y Naval.
Aunado a esto, a raíz de la reforma constitucional, se permitió que la Fuerza Armada permanente pueda realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria por un periodo de cinco años, desde su entrada en vigor y hasta el 27 de marzo de 2024.
“Este gobierno ha puesto en manos de las fuerzas armadas más de 20 funciones civiles de gobierno. El fenómeno de militarización y militarismo es innegable en nuestro país”, acusa por su parte el colectivo #Seguridadsinguerra en su comunicado “Militarización: La Suprema Corte no puede seguir callada”.