EL EMBAJADOR DE LA IMPUNIDAD
La administración estatal que encabezó el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, hoy embajador de México en Noruega, fue un sexenio perdido en materia de combate contra la corrupción, particularmente en lo que respecta al delito de enriquecimiento ilícito, en el cual los resultados obtenidos por su Gobierno fueron prácticamente nulos.
Aunque durante el sexenio de Fayad Meneses como gobernador la hacienda estatal de Hidalgo sufrió grandes afectaciones patrimoniales, como los desvíos de recursos que se investigan en el esquema de corrupción conocido como la “Estafa Siniestra”, y la pérdida multimillonaria de fondos públicos en el Banco Accendo, las indagatorias por enriquecimiento ilícito nunca fueron una prioridad.
De hecho, y conforme con la información que proporciona vía transparencia la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el Gobierno de Fayad Meneses nunca emprendió una sola pesquisa por el delito de enriquecimiento ilícito contra algún funcionario de la administración estatal, a pesar de la existencia de casos como los previamente señalados.
En su respuesta, la Procuraduría del estado, hasta hace poco en manos de Santiago Nieto Castillo, precisó con respecto a la administración de Fayad Meneses que en el periodo comprendido del 5 septiembre de 2016 al 4 de septiembre de 2022, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, se iniciaron un total de 3 carpetas de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito (folio 130213100106423).
Esas tres indagatorias por enriquecimiento ilícito, sin embargo,
Durante todo el sexenio que gobernó en Hidalgo el exmandatario Omar Fayad Meneses, hoy embajador de México en Noruega, sólo se emprendieron tres indagatorias por enriquecimiento ilícito, todas sobre el ámbito municipal y ninguna estatal, aun cuando existieron los quebrantos de la Estafa Siniestra y la pérdida de fondos en el Banco Accendo
estuvieron dirigidas todas contra funcionarios municipales, en específico, contra los expresidentes municipales de los Ayuntamientos de Huejutla de Reyes, Pachuca de Soto y Singuilucan, considerando que los hechos de corrupción habrían ocurrido en las administraciones municipales 2014–2016; 2016–2020; y 2016-2020.
Estas indagatorias dirigidas exclusivamente al ámbito municipal, y no estatal, y emprendidas en los años 2019 y 2020, no obtuvieron buenos resultados, pues la Procuraduría del estado reportó que no se contaba con detenidos.
También es destacable que el presunto enriquecimiento ilícito investigado en esos expedientes era un poco superior a los 5 millones de pesos. En un caso se indagaron 5 millones 232 mil 049.52 pesos; en otro un ingreso de 70 mil pesos; mientras que en el tercero no existió monto.
Las cifras anteriores contrastan, por lo tanto, con las dimensiones del daño patrimonial que se estima por la Estafa Siniestra, en la cual sí se presume el involucramiento de exfuncionarios estatales de Fayad Meneses, con supuestos desvíos de recursos públicos por al menos 522 millones de pesos, según los cálculos que se han expuesto.
Contrastan también con el quebranto económico que le significó a la hacienda estatal la bolsa perdida por 807 millones de pesos, tras haber sido depositada por el Gobierno de Fayad
Durante el sexenio de Fayad Meneses como gobernador la hacienda estatal de Hidalgo sufrió grandes afectaciones patrimoniales, pero las indagatorias por enriquecimiento ilícito nunca fueron una prioridad
Meneses en el Banco Accendo, una institución bancaria que entraría en una suerte de quiebra, quedando así imposibilitada para retornarle esos fondos a la administración estatal de Hidalgo, que hoy encabeza el mandatario Julio Menchaca Salazar.
El embajador
que llevó a cabo el Senado de la República en diciembre pasado para concretar su designación como embajador de México en Noruega.
El 6 de diciembre de 2023, por ejemplo, cuando compareció ante las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, la senadora del PRI, Cecilia Margarita Sánchez García, opinó al respecto.
“Es una constante enfrentarse a propuestas de nombramientos del Ejecutivo que, en pocas palabras, se han traducido a pagos de favores políticos. No sólo me refiero a temas internacionales, nos queda claro que para este gobierno el tema de la diplomacia no es una prioridad”.
Mientras que el 14 de diciembre de 2023, cuando se consumó su designación como embajador por el pleno del Senado, su comunicado reseñó que el senador Manuel Añorve Baños, coordinador parlamentario del PRI, mencionó que diversos funcionarios de Omar Fayard se encuentran en la cárcel. Por su parte, el senador German Martínez Cázares (Grupo Plural) se mostró en contra de la designación, ya que consideró el perfil como impresentable para representar a México en la nación europea.
El 9 de noviembre de 2023, cuando se le cuestionó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por qué lo había propuesto para ese cargo, respondió que por su atención a la explosión de
Tlahuelilpan.
“Llegué en la noche a Tlahuelilpan y era dolorosísimo, por ese incendio que le costó la vida a muchísima gente, y llegué y ya estaba ahí Omar, y no se despegó, no se despegó”.
Así como por su comportamiento electoral.
“También, le reconocí que les pedía a todos que hiciéramos el esfuerzo de que no nos metiéramos a ayudar a ningún partido, a ningún candidato, y él cumplió; otros no”.
El delito
En el Código Penal para el Estado de Hidalgo, el delito de enriquecimiento ilícito está comprendido dentro del Título Décimo Sexto, sobre delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares vinculados con estos hechos.
“Comete el delito de enriquecimiento ilícito quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.
“Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños o se ostenten como tal, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos”, señala el artículo 309.
El Gobierno de Fayad Meneses nunca emprendió una sola pesquisa por el delito de enriquecimiento ilícito contra algún funcionario de la administración estatal, a pesar de la existencia de varios casos