LA DISPUTA POR LA CORTE
Se acercan las elecciones y Morena se alista para discutir en la Cámara de Diputados una miscelánea de iniciativas que recibió del presidente de la República. Una de ellas está relacionada con el Poder Judicial, uno de los villanos favoritos del régimen.
La iniciativa, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es muy sencilla: se propone que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Tan tentadora como irresponsable y demagógica resulta la posición de las huestes morenistas.
Los siguientes son algunos argumentos para descalificar la provocadora iniciativa.
Primero, resolver las controversias legales requiere de un alto conocimiento técnico y una formación especializada. En ese sentido, la Corte y los tribunales locales tienen áreas específicas para la capacitación permanente del juzgador.
La reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos abrió para la jurisprudencia mexicana un amplio horizonte de temas y normas por atender. El control de convencionalidad y la progresividad en los derechos exigen en el juez conocimientos y aptitudes que antes no se reclamaban para el personal de los poderes judiciales.
Segundo, en las controversias a menudo se oponen derechos de minorías frente a intereses de mayorías. Resolver no puede ser una cuestión de temor a no acceder al cargo por el castigo del hipotético elector. De aprobar la iniciativa es claro que el juzgador tendrá una fuerte tentación por optar en favor de la popularidad que genera la mayoría.
Tercero, amplias zonas del país están dominadas por el narcotráfico y sería inocente, por no decir complaciente con el crimen, abrir la posibilidad a su intervención en la elección de jueces a modo.
Cuarto, Ejecutivo y Legislativo sostienen su legitimidad en los votos de los ciudadanos, el Judicial la obtiene de manera indirecta de esos mismos votos y la sostiene con la pertinencia e independencia de las resoluciones. Un juez que no rinda cuentas técnicas se puede convertir en el superpoder que termine con la democracia.
Quinto, las democracias modernas han optado por un procedimiento que mira a la excelencia en las resoluciones y a la e stabilidad de los criterios.
Sexto, la selección de los funcionarios judiciales caería en el universo de la especulación electoral, de las componendas y la tentación de los partidos y poderes fácticos de poner jueces a modo.
Ahora bien, si se quiere revisar el actual proceso, solo valdría la pena evaluar la facultad que, sin restricciones, tiene el Ejecutivo federal para proponer y en caso extremo designar a los ministros.
Al respecto, tal vez convenga un sistema que incluya exámenes de oposición y la participación de colegios de abogados, universidades de excelencia y asociaciones de juzgadores.
En la práctica, el último de los supuestos, el de la designación del Ejecutivo, solo se ha dado en una ocasión, el 14 de diciembre pasado, y a decir de expertos la designación fue un tremendo error.
Mientras andamos en esas polémicas, el país se cae a pedazos por la violencia extrema.