DE GUERRERO
Guerrero se encuentra paralizado, en llamas, bajo ataque y nadie hace nada para frenar la ola de violencia e inseguridad que arreció con creces desde hace un par de semanas en la entidad.
En el estado se claudicó ante el crimen organizado y Guerrero se podría convertir en un reflejo de lo que puede llegar a pasar en otras entidades del país ante el avance de los grupos delincuenciales.
La crisis de inseguridad en Guerrero ocurre en medio del proceso electoral de este año en el que se vivirán las elecciones más grandes en la historia del país, un momento en el que la seguridad y el estado de derecho deberían ser puntos medulares para garantizar la democracia, pero en la entidad costera está ocurriendo todo lo contrario.
Tan solo en las últimas 48 horas, la capital de la entidad, Chilpancingo de los Bravo, quedó paralizada luego de que se tomara la decisión de suspender clases, cerrar locales y cesar el servicio del transporte público por la inseguridad y la quema de varios vehículos por parte del crimen organizado.
El pasado lunes 5 de febrero fue el día en el que el infierno se desató en Chilpancingo, la ola de violencia dejó al menos a tres conductores de transporte público asesinados, a otros más hospitalizados de gravedad y a varias de sus unidades incendiadas.
Además, de la quema de autobuses y camiones, hombres armados incendiaron un taxi junto con el conductor en el libramiento Chilpancingo-petaquillas.
Debido al ataque contra los conductores y taxistas, se suspendió el servicio de transporte público en la localidad, pero las agresiones no cesaron, durante la noche del martes 6 de febrero se reportó el incendio de una nueva unidad, ahora en la colonia Vista Hermosa.
Por iniciativa propia, escuelas públicas y privadas anunciaron la suspensión de clases por tiempo indefinido y varios locales comerciales cambiaron su horario de servicio y otros de plano no abrieron.
Los hechos de Chilpancingo no fueron inéditos, apenas el mes pasado ocurrió lo mismo en el puerto de Acapulco, una ofensiva armada y de terror en contra de los conductores de transporte público.
Aunque no hay versiones oficiales ni de las autoridades que señalen cuáles fueron las causas por parte de los grupos armados en contra de los transportistas, varios conductores aseguraron que es debido a que se negaron a pagar las cuotas que les impone el crimen organizado para poder continuar trabajando.