BLINDAJE A MEDIAS
A pesar de los esfuerzos para erradicar la violencia política en razones de género, aún falta mucho camino por delante para que la ley no se convierta en letra muerta, que los perpetradores no queden impunes y que las redes sociales no continúen siendo te
En 2023 se elevó a rango constitucional la herramienta ‘3 de 3 contra la violencia’, la cual prohíbe que se ocupen cargos de representación popular o ser funcionarios públicos quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias
En los últimos años ha habido avances, compromisos y reformas para frenar y castigar la violencia política en razón de género, pero a pesar de los esfuerzos en el actual proceso electoral decenas de mujeres aspirantes a un cargo de elección popular, se encuentran protegidas sólo a medias.
Hay escenarios y trincheras en donde los ataques en contra de las mujeres candidatas son cosa de todos los días y ocurren sin castigo, como en las redes sociales.
Además, y a pesar de estar legisladas las reformas para frenar y castigar la violencia en contra de las mujeres políticas, aún faltan avances en el Legislativo para lograr la protección total.
Esto cobra relevancia ya que nos encontramos ante el proceso electoral más grande de la historia del país y en el que dos mujeres compiten por primera vez por la Presidencia de la República.
El 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la serie de reformas para tipificar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
En la publicación se clasifica a la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Es decir todo acto que afecte o tenga un impacto contra una mujer por el simple hecho de ser mujer.
La ley además establece que esta violencia puede ser perpetrada por funcionarios del Estado, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatos, medios de comunicación, por un particular o por un grupo de personas particulares.
A pesar de que la ley ya está en papel, muchas veces no se aplica, tampoco es del conocimiento público y debe perfeccionarse.
Hace un par de días el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Cámara de Diputados dar a conocer el listado de las reformas que fueron aprobadas en materia de violencia política de género desde el año 2010 hasta el 10 de enero de 2024, luego de que un ciudadano se quejara de que la información no es clara por parte del Legislativo.
Aprovechando la falta de claridad y transparencia de la Cámara baja, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, pidió a los legisladores aprobar varias reformas en contra de la violencia hacia las mujeres que continúan congeladas.
“Algunos ejemplos de reformas en espera de ser votadas son: establecer parámetros para la sanción de violencia institucional; autonomía de las mujeres en las políticas públicas; paridad de género en el Servicio Exterior; disminución de la brecha salarial; ambiente laboral libre de acoso, hostigamiento laboral y sexual en los centros de trabajo”, detalló.
Apenas el año pasado se elevó a rango constitucional la herramienta “3 de 3 contra la violencia”, la cual prohíbe que se ocupen cargos de representación popular o ser funcionarios públicos quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias.
En el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, fue incluido Gabriel Quadri, luego de que escribiera en sus redes sociales expresiones discriminatorias en contra de las mujeres trans y contra Salma Luévano, la primera diputada trans a nivel federal.
A pesar de su registro, Quadri se inscribió como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, argumentando que sus derechos políticos seguían intactos. Su aspiración fue respaldada tanto por el PAN, PRI y PRD.
Territorio comanche
El 20 de septiembre de 2023 la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que existen más de 100 quejas por violencia política digital contra mujeres en razón de género del 14 de abril del 2020 al 15 de septiembre del 2023.
Las agresiones, principalmente, ocurren en redes sociales como en Facebook (Meta) X (antes Twitter) Tiktok y Youtube.
Ante escenario Meta y la plataforma digital Opinión 51, lanzaron hace unos días la campaña “Voto contra la violencia” para prevenir y frenar este tipo de agresiones en los espacios digitales.
Además de una campaña de difusión, Meta anunció que implementaría nuevas políticas contra el acoso y el bullying, mostrarán herramientas de seguridad en Facebook, Instagram y Whatsapp, y compartirán recomendaciones para hacerle frente a la desinformación, pero no dio más detalles al respecto.
Tras los esfuerzos de Meta, aún falta que las otras plataformas digitales se comprometan a erradicar este tipo de agresiones en sus espacios, los cuales muchas veces se convierten en territorios comanche llenos de ataques, contraataques, dimes y diretes.
Finalmente y olvidando lo pactado a los pocos días después, el pasado 8 de marzo los partidos políticos nacionales se comprometieron a desarrollar una campaña libre de violencia política contra sus propias candidatas y las adversarias.
Algunos ejemplos de reformas en espera de ser votadas son: establecer parámetros para la sanción de violencia institucional; autonomía de las mujeres en las políticas públicas; paridad de género en el Servicio Exterior; disminución de la brecha salarial; ambiente laboral libre de acoso, hostigamiento laboral y sexual en los centros de trabajo”
Norma Julieta del Río Venegas