Y ahora qué sigue
Pasó el #8M y al día siguiente todo seguía igual: asesinatos, violaciones,desapariciones, trata, acoso sexual en el trabajo, en la escuela, en el transporte, en la calle; salarios diferenciados con respecto a los varones, discriminación y violencia. Todo eso y mucho más continuó reproduciéndose como si se tratara de demonios sueltos tratando de robar las libertades e inutilizando derechos conquistados por ellas tras no pocas décadas de lucha.
Con todo y los reclamos en las calles, al día siguiente de las marchas, la estadística de mujeres asesinadas siguió aumentando, porque tristemente ni el Estado ni la sociedad pueden proteger a sus mujeres. Según organizaciones civiles de la ciudad de México, entre 11 y 14 féminas pierden la vida al día de forma violenta en nuestro país y se calcula que cada hora ocurren al menos cuatro violaciones sexuales. Los feminicidios, catalogados como crímenes por razones de género, son cosa aparte. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública reportan cerca de mil casos por año desde de 2019.
Una estadística que comenzó a dispararse desde 2016. En el primer año del gobierno actual ocurrieron 943, al siguiente 947, al tercer año 980 y en 2022 por fin se presentó una disminución con una cifra de 948.
Nada para presumir, por supuesto, porque así fuera un caso, es una vida arrebatada cobardemente, con todas las atenuantes.
En nuestro país se ha legislado ya de forma amplia y no se ha dejado de hacer cambios, pero no es un tema de leyes, se trata de un problema de aplicación de las normas. Nuestro sistema de justicia sigue sin funcionar como se espera, como se necesita. Las fiscalías que ahora se caracterizan por ser especializadas solo lo son de nombre, porque carecen de capacidades operativas y profesionales para garantizar investigaciones sólidas y pruebas contundentes para lograr que los jueces otorguen las sentencias que merecen los feminicidas. Las denuncias no avanzan y los casos se empantanan. Con todo y el sistema penal acusatorio y sus juicios orales, reina la impunidad y la justicia parece negada a las víctimas. Hoy como ayer se achaca toda la responsabilidad al Estado y sí que la tiene, pero y la sociedad qué está haciendo para frenar el espiral de violencia, dónde quedó la familia y qué hace la familia, qué hacen las iglesias como promotoras de los valores espirituales. También han fallado. Su vínculo social está roto.
La culpa es de todos, no hay duda. Seguimos siendo una sociedad misógina, machista, sexista y discriminatoria. Mientras no se reconstruya desde sus cimientos a la sociedad, será muy difícil parar la violencia contra ellas. Tenemos que empezar ya.