Vanguardia

Coahuila se retrasa con el sistema anticorrup­ción: IMCO

- ALEJANDRO MONTENEGRO

Estados sin reforma constituci­onal en materia anticorrup­ción: >Coahuila >Campeche >Chihuahua >Durango >Guerrero >Hidalgo >Oaxaca >Tabasco >Tamaulipas

El Instituto Mexicano para la Competitiv­idad (IMCO) situó a Coahuila como uno de los estados con mayor atraso en la implementa­ción del Sistema Nacional Anticorrup­ción, pues todavía no tiene aprobada una reforma constituci­onal en la materia, situación en la que se encuentran otros ocho estados. Dentro de cuatro meses vence el plazo límite para aplicar las adecuacion­es.

El IMCO informó que, a cuatro meses de que venza el plazo para que los estados adecúen sus leyes a lo que contempla el Sistema Nacional Anticorrup­ción, actualment­e solo Chiapas y Nayarit están al corriente y en contrapart­e hay ocho estados, entre ellos Coahuila, que son los más atrasados en el proceso, pues aún no realizan su reforma constituci­onal al respecto.

Ante ello, esta semana fue instalado el comité que se va a encargar de la armonizaci­ón de las leyes estatales con las federales en la materia y de la misma forma el Congreso del Estado creó una comisión especial, que estará encabezada por los diputados José María Fraustro y Antonio Nerio como coordinado­r y secretario respectiva­mente.

El coordinado­r de la bancada del

PAN en el Congreso de Coahuila, el diputado Jesús de León Tello, criticó el atraso de Coahuila en su Sistema Estatal Anticorrup­ción.

“Se ha venido postergand­o todo lo del Sistema Nacional Anticorrup­ción. Apenas el día de ayer, a donde no fuimos invitados los diputados de oposición, hicieron un evento del tema del inicio del proceso para la construcci­ón del sistema aquí en Coahuila y eso queda claro que no les interesa este tema porque somos el peor estado, el que lleva mayor atraso en este sistema y fiscalizac­ión”, afirmó de León.

El 18 de julio de este año es la fecha límite para que todos los estados del país modifiquen sus leyes locales y que queden armonizada­s con las federales en materia de anticorrup­ción.

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