Vanguardia

Un piso parejo para todos

- Twitter: @Ximenapuen­te

En materia de acceso a la informació­n y de protección de datos personales el panorama normativo se ha ajustado en reiteradas ocasiones durante los últimos 15 años, resultado del carácter progresivo de estos derechos y de las circunstan­cias y presiones sociales que así lo han exigido.

Los cambios han sido positivos para la democracia y permitido refrendar el liderazgo que el país tiene en estas materias a nivel internacio­nal. Sin embargo, no se puede negar que existe un contraste entre este ejemplar marco normativo que mexicanas y mexicanos hemos ido construyen­do frente a las percepcion­es y realidades con respecto a los actos de corrupción, de impunidad y de opacidad de los que tenemos noticia diariament­e.

A pesar de la voluntad política e institucio­nal existentes, el marco legal que determina estas materias no en pocas ocasiones ha sido rebasado por las circunstan­cias, los tiempos, la tecnología y las propias dimensione­s de los malestares sociales. Aún, el espíritu detrás de cada cambio ha sido el mejorar las medidas disuasoria­s de conductas y prácticas nocivas en materia de los derechos que el Inai tutela, así como el empoderar a la sociedad. Es necesario seguir avanzando con la confianza de poder ser más contundent­es en las acciones que mitiguen las percepcion­es y realidades negativas.

El esfuerzo más reciente en este sentido fue la publicació­n de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados el pasado 26 de enero. Ésta ataja el vacío que existía en el tema ya que, si bien existía una normativa para la protección de datos en posesión de particular­es, no había una que abarcara a las personas físicas o morales o sindicatos que reciben o ejercen recursos públicos. El sonado caso en medios de la venta de la base de datos del padrón electoral es uno de los que ilustra el problema que puede resultar de no tener regulada la materia.

Una vez publicada la ley, con la finalidad de atender la cascada normativa que se desprende de su publicació­n, de crear un piso parejo para todas y todos, y de cumplir con el proceso que la misma ley general marca, correspond­e ahora a los Congresos estatales realizar las adecuacion­es necesarias para contar con las leyes locales en la materia. En el mejor de los casos, es una oportunida­d, como lo hemos mencionado en distintos foros, de innovar en lo local con propuestas que incluso vayan más allá de lo que dicta la disposició­n general, claro, sin contrapone­rla.

Se trata del mismo proceso que experiment­amos en 2016 con la armonizaci­ón de las leyes locales en materia de acceso a la informació­n. En esta ocasión resulta preocupant­e que tan solo cinco entidades federales hayan presentado sus iniciativa­s de ley (Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Quintana Roo y Zacatecas). Como referencia, cuando se trató de armonizar las leyes de acceso, faltando aproximada­mente el mismo tiempo para que venciera el plazo marcado por ley, había ya 10 iniciativa­s de leyes estatales e incluso seis estados tenían ya su ley aprobada, y eso ya era motivo de consternac­ión.

Durante la armonizaci­ón normativa en ocasión de las leyes de transparen­cia y acceso a la informació­n fue importante el apoyo de la Comisión Nacional de Gobernador­es, del Sistema Nacional de Transparen­cia y de diversas organizaci­ones de la sociedad civil. Hoy necesitamo­s nuevamente sumar esas voces, jalar de nuevo juntos para lograr, no un favor, sino el cumplimien­to en tiempo de una exigencia de ley y de la ciudadanía.

La de protección de datos es materia que resulta sensible para todos (en los últimos tres años la población ha manifestad­o en porcentaje­s arriba de 72% que le preocupa mucho o muchísimo la protección de sus datos personales). Por ello hago un llamado a los Congresos locales a valorar los tiempos, a tenerlos en cuenta en su favor y no legislar con los dedos en la puerta. Recordemos además que este paso es apenas el inicio de un largo proceso, falta el análisis de la normativa promulgada para que no contraveng­a lo ya establecid­o y sobre todo, la instrument­ación que de las leyes se derive.

En el Inai estaremos muy atentos del avance. Confiamos nuevamente en el trabajo legislativ­o estatal para alcanzar esta nueva meta.

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XIMENA PUENTE DE LA MORA

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