‘Médicos la operaron mal y la dejan morir’
FAMILIARES BUSCAN JUSTICIA Tania falleció por una negligencia médica, los responsables no hicieron nada pese a saber del error en la cirugía, asegura su madre ¿CÓMO FALLECIÓ?
Tania Lizeth Valdez Soto de 26 años, murió luego de esperar días a que en el Hospital General de Torreón, le corrigieran una operación donde, accidentalmente, le bloquearon el conducto después de una operación de vesícula.
“Éramos muy unidas y el destino es cruel” dice Agustina Soto, madre de Tania, quien luego de año y medio todavía espera justicia y castigo.
Tania se alivió de su segunda hija cuando le entró un dolor que la orilló a internarse en el Hospital General. “Es una inflamación por la acumulación de hormonas”, le aseguraron.
Tania siguió con el dolor, hasta que optó por hacerse un eco con un particular. Allí resultó que requería una operación de la vesícula pero en el Hospital General la programaron para operarla hasta cinco meses después.
La operaron el 14 de octubre de 2015 y cuando despertó, gritó de dolor. “Era un dolor exagerado”, recuerda su madre.
Un día en la madrugada su mamá tuvo que ir al hospital porque Tania no aguantaba el dolor. Las enfermeras no hacían nada, decían que ya le habían dado el medicamento. “Háblenle al doctor que la operó”, pedía Agustina. Nunca le llamaron. “Esa paciente no es un animal, es mi hija”, les decía Agustina. Pedía que revisaran qué le habían cortado. “Mi hija ha aguantado dolores de parto y no llora”, les dijo la madre. “Es que esta paciente hace muchos ‘panchos’”, decían los encargados.
Le lograron controlar el dolor y regresó a casa. Pero a los tres días cambió su semblante a un tono amarillento. Así aguantó 10 días. Agustina reclamaba que no era normal. Tania mencionaba que sentía los ojos calientes, que se quemaba, que sentía calentura. Ella era una muchacha trabajadora, madre de dos hijas.
El 26 de octubre, 12 días después de la operación, los doctores del Hospital General le pidieron que se hiciera un CPRE (procedimiento para examinar las vías biliares y se realiza a través de un endoscopio) pero no tenían el equipo y a ella le costaba 30 mil pesos.
El doctor que la operó, Gerardo Serrano, se presentó. “¿Usted es quien hizo estas marranadas?”, le reclamó Agustina entregándole los resultados del estudio que indicaban una ligadura en el conducto. “Todavía que hace sus marranadas no se digna en venir a verla”, insistió.
Tania fue enviada al Hospital Universitario de Saltillo. Agustina tuvo que pagar los gastos de la ambulancia. En Saltillo le mostraron lo que hicieron a su hija: tenía obstruido el conducto, se lo habían ligado cuando la operación de la vesícula.
Regresaron al Hospital General de Torreón y no había médicos que la recibieran.
Por la mañana, Tania habló con su madre. Cuando Agustina llegó, su hija bufaba de dolor.
El subdirector del Hospital, Francisco Rodríguez Dorado, le prometió que la operarían, que traerían al mejor doctor. -¿Por qué hasta ahora? – cuestionó Agustina.
Tania empezó a gritar que ya no veía, que ya no sentía las piernas.
-¿No me voy a morir? –preguntaba con miedo, Tania.
-No, hija, tienes a tus hijas pequeñas. Trata de controlarte.
El subdirector del Hospital General miró a Agustina de frente y le dijo: “No le va a pasar nada a tu hija. Yo respondo, yo me comprometo”.
Después le avisaron a Agustina que su hija pasaría a terapia intensiva y le harían un estudio del pánchreas, mismo que arrojó pancreatitis y provocó la cancelación de la operación “hasta controlarla”.
Tania sufrió un paro respiratorio y lograron controlarla, sin embargo, falleció el 7 de noviembre, 24 días después de la operación donde Tras aliviarse Al despertar, le obstruyeron el conducto. “El problema no es que se equivoquen, sino que no hicieran nada cuando supieron del error”, insiste Agustina.
La familia denunció ante el MP y el médico legista dictaminó que había fallecido por un quiste pancreático, algo diferente al acta de defunción del hospital, un choque séptico. Aunque la necropsia fue informada a la familia 6 meses después.
En febrero de 2016, Agustina pidió justicia al gobernador Rubén Moreira y éste se comprometió a ayudarla. Tampoco hizo nada. El estado de Coahuila es referente a nivel nacional por la cero tolerancia a los giros negros, de donde se alimenta la trata de personas, y así debe seguir en el próximo gobierno, por eso los candidatos al Gobierno Estatal deben comprometerse, dijo la activista Rosi Orozco, presidenta de la Comisión “Unidos Contra la Trata”.
Orozco, exlegisladora federal e impulsora de las reformas en México que castigan la trata de personas y promueven el apoyo a las víctimas, explicó en Saltillo que debe continuarse con mantener la restricción de venta de alcohol en Coahuila y no permitir el ingreso a los casinos.
Recordó que los casinos pueden convertirse también en lugares de trata de personas cuando alguien adicto al juego ya no tiene dinero entonces intercambia su cuerpo, de igual manera los giros negros donde hay venta de alcohol son propicios para la generación de este delito.
“La gente inicia apostando y termina prostituyéndose. Aquí tuvimos testimonios de mujeres que terminaron prostituyéndose cuando se endeudaron y no podían pagar. Estas cosas que se han hecho en Coahuila no se hablan a nivel nacional, pero deberían hablarse incluso a nivel Miembros del colectivo Sí a la Vida, llaman a ejidatarios de Kilómetro 64 a asesorarse de manera legal para no entrar en negociaciones que podrían ser perjudiciales en los próximos años con la instalación del Parque Eólico.
Luis García Valero, uno de los líderes del colectivo Sí a la Vida, lanzó la invitación a los ejidatarios del lugar a asesorarse de manera legal y tener bases en cuanto al derecho agrario, tras las constantes denuncias que hicieron los habitantes del kilómetro acerca de que las autoridades querían arrebatarles gran parte de sus terrenos habitacionales. ‘’Se aprovechan de la vulnerabilidad de las comunidades para meter ruido y confundir’’, aseguran.
Declaró que las negociaciones que se han hecho, al igual que sucedió con la construcción del Cimari, son confusas y terminan por perjudicar a los ejidatarios, quienes son pequeños agricultores en sus predios. ‘’Los contratos de arrendamiento que ofrecen las impulsoras de los parques eólicos son neolíneos y a muy largo plazo. Los campesinos no se dan cuenta que están firmando contratos establecidos para 30 o 40 años’’.
Por su parte, dijo que este fin de semana llevó a cabo el tercer encuentro de campesinos por la lucha de la tierra en Parras, donde reciben talleres de derecho Rosi Orozco, mundial, porque pocos estados han salido de la violencia”, señaló.
Recordó también que en la entidad se luchó en contra de la trata de personas a través de la explotación laboral, al ser testigo de cómo se enjuiciaba al dueño de Prokarne por tener jornaleros agrícolas en malas condiciones en un rancho.
“Estuve aquí y vi cómo estos campesinos fueron tratados como esclavos en los campos”, dijo.
Actualmente en Coahuila hay dos sentencias en contra de la trata de personas, cinco personas consignadas, hay cuatro personas detenidas por este delito y existen además 11 averiguaciones previas.
Orozco explicó que los tratantes de personas se aprovechan de la pobreza y enamoran a las mujeres para enseguida meterlas a la prostitución.
Invita el colectivo Sí a la Vida a asesorarse por cercanía de parque
Luis García Valero, agrario por parte de una abogada que ha trabajado con comunidades indígenas en Tabasco.
‘’Estamos haciendo un gran trabajo para que los campesinos tomen conciencia del valor de su patrimonio y lo conserven para que no lo vendan por un poco dinero. ’Queremos rescatar los resquicios que todavía deja la ley en pro de los campesinos’’, dijo Gacía Valero.