LEY DE ADQUISICIONES DE COAHUILA ES DE AVANZADA
Los ciudadanos pueden conocer el uso de los recursos públicos, los proveedores y de esta manera apoyar el crecimiento de las empresas locales
Coahuila se coloca como una entidad de avanzada a nivel nacional al contar con una ley de Adquisiciones que cuenta con candados que permiten una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
Al contar con una legislación de este tipo, nuestra entidad se coloca al frente del resto de las entidades que conforman el país, puesto que cuenta con componentes que permiten no solo el conocer el uso de los recursos públicos, sino conocer a los proveedores, además de apoyar el crecimiento de las empresas locales de Coahuila.
Entre los requisitos que contempla está la reforma de la Ley de Adquisiciones para las empresas o personas físicas que busquen ser proveedores o contratistas del Gobierno del Estado, está la geo referenciación de los domicilios de las sociedades o asociaciones tanto con fotografía del domicilio fiscal como del interior de sus oficinas y de otros establecimientos comerciales con que cuenten.
La Ley de Adquisiciones aprobada por el Congreso del Estado, busca verificar en forma previa a la asignación de los recursos públicos, que los proveedores y contratistas son empresas de las cuales se puede comprobar su existencia, que cuenten con una amplia experiencia, así como otros requerimientos.
Dicha legislación considera que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas debe verificar en forma espontánea el domicilio fiscal, las instalaciones, infraestructura, maquinaria y personal capacitado del que solicite su registro como proveedor o contratista del Gobierno del Estado.
Cabe señalar que las empresas o personas físicas que soliciten ser proveedores o contratistas del Gobierno del Estado deberán presentar una identificación oficial, su currículum vitae con fotografía personal y de los representantes y apoderados legales.
Esta información deberá ser acreditada a la hora de su registro de la misma manera en que deberá acreditar también el haber cumplido con sus obligaciones de orden fiscal, administrativo y de seguridad social.
De igual forma, deberán presentar una relación de las empresas del sector privado y dependencias de los órdenes de gobierno de las cuáles hayan sido proveedores o contratistas con anterioridad.
La legislación establece que las personas físicas además de acreditarse con su acta de nacimiento, deberán presentar identificación oficial, así mismo están obligados a exhibir currículum vitae con fotografía.
En esta Ley de Adquisiciones se establece la obligación para los solicitantes respecto a anexar los documentos ya mencionados en su solicitud de inscripción.
Al presentar la solicitud de refrendo, ésta deberá ser acompañada con información y documentos actualizados.
La ley ya prevé lo relativo al requisito de las actas constitutivas de las sociedades o asociaciones, debido a que la disposición vigente señala que se deberá acompañar copia certificada del acta constitutiva y de sus reformas, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad, además de otros requisitos.
Con legislaciones como ésta, Coahuila refrenda su compromiso con la transparencia al buscar que todos los ciudadanos conozcan el uso de los recursos públicos y asegurando que las personas que buscan ser proveedores del Gobierno estatal estén plenamente identificados.
De la misma manera, se pretende que las personas físicas y morales que presten algún servicio o sean proveedoras cuenten con su debida ubicación, además de que las dependencias gubernamentales deberán comprobar su existencia.
El Gobierno actual se caracteriza por la transparencia en el uso de los recursos públicos y pugna por que los ciudadanos conozcan el destino final de los mismos.
Con la reforma a esta legislación se demuestra que en el actual Gobierno estatal se cuenta con la voluntad para trabajar de manera eficaz y eficiente en beneficio de todos los coahuilenses.
Hoy como nunca, en Coahuila se busca que los coahuilenses conozcan de manera abierta el trabajo que se realiza por las autoridades estatales y en razón de esto, se legisla en favor de un ejercicio gubernamental transparente.