Controlan 3 mafias el robo de combustible
Antonio Martínez y Roberto de los Santos de Jesús disputan el ‘Triángulo Rojo’, mientras que Areli Pérez opera en los límites de Tlaxcala y el Edomex
CDMX.- El control del robo de hidrocarburos en Puebla se ha extendido: no sólo ocurre en el llamado “Triángulo Rojo”, integrado por seis municipios, sino que se trata de un problema que ha crecido desde los municipios limítrofes con Veracruz y el Estado de México.
De acuerdo con información obtenida, el “Triángulo Rojo”, que abarca los municipios de Acajete, Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Tecamachalco y Palmar de Bravo, lo disputan Antonio Martínez, “El Toñín”, y Roberto de los Santos de Jesús, “El Bukanas”.
En Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, “El Bukanas” contaba con una célula comandada por Gustavo Jiménez Martínez, “El Vieja”, y Ruselbi Vargas Hernández, “El Ruso”, expulsados por los pobladores en este año.
Mientras que en los municipios de San Martín Texmelucan y San Matías Tlalancaleca, personal de inteligencia investiga a Areli Pérez Juan, “La Negra”, a quien se le identifica como líder en la ordeña de ductos de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex).
El “Triángulo Rojo”, zona por la que atraviesan 80 kilómetros de ductos de Pemex, el delito se realiza porque los pobladores han caído en la idea de que lo que pasa por sus tierras les pertenece; pero el negocio no pudo haber prosperado sin la participación de personal de la empresa y autoridades.
PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
La gasolina obtenida de las tomas clandestinas –en 40 minutos puede perforarse un ducto– es vendida en puntos ciegos para las autoridades, como pueden ser casas o vulcanizadoras; es decir, es un consumo interno en las poblaciones. Un punto que es conocido en la Central de Abasto del municipio de Huixcolotla. Además, los operadores de los líderes surten a gasolineras obteniendo grandes ganancias, situación que es investigada.
La zona está dividida entre las dos organizaciones criminales: la de “Los Bukanas” y la de “El Toñín”, que, según información a la que se tuvo acceso, están catalogadas por las autoridades como violentas, puesto que utilizan armas AR-15, AK-47, granadas y equipo táctico tipo militar.
Las organizaciones buscan integrar células para el control, pero también han optado por rentarles las tomas clandestinas a los pobladores hasta por 50 mil pesos al mes, o si los comuneros quieren perforar la suya tienen que pagar a los líderes una cantidad mayor.
Otra de las formas de operar es ofrecerles beneficios económicos a los pobladores a cambio de que cuiden las tomas y que les avisen cuando hay operativos e incluso formar parte de su estructura. Sus tácticas son al estilo del narco: se valen de las comunidades para poder operar, usan armas de grueso calibre, autos blindados y halcones.