ASESINAN A ACTIVISTA EN TAMAULIPAS
La mujer había recibido amenazas meses atrás
Mujer que se había dedicado a buscar a su hija desaparecida, es ultimada en su casa en la noche del Día de las Madres.
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, activista y dirigente de un colectivo integrado por padres y madres de personas desaparecidas, fue asesinada la noche del miércoles en su domicilio en la ciudad de San Fernando por sujetos armados.
La vivienda de la mujer fue rafagueada la noche del 10 de mayo por un comando armado y falleció cuando era trasladada en ambulancia hacia un hospital de la zona.
El presidente del colectivo “Familiares y amigos de desaparecidos en Tamaulipas”, Guillermo Gutiérrez Riestra, explicó que Rodríguez entregó a las autoridades a los responsables del secuestro y homicidio de su hija, quienes fueron detenidos, pero fueron de los 29 fugados del penal de Ciudad Victoria.
Colectivos del estado susponen que Rodríguez Martínez fue asesinada por uno de los 29 reos evadidos del penal de la cárcel de la capital, ya que la dirigente fue puntal en dar seguimiento a las denuncias ante el Ministerio Público y los juzgados para que esos delincuentes no salieran de prisión.
Respecto a dichos señalamientos las autoridades precisaron que el interno Enrique Yoel Rubio Flores, imputado de haber participado en el homicidio y desaparición de la hija de Miriam, se encuentra actualmente llevando su proceso en el CEDES. Detalló que en cuanto se tuvo conocimiento de que Rubio fue reportado como fugado, el Ministerio Público solicitó a diversas autoridades de seguridad medidas de protección para Rodríguez, la cual se otorgó a través de rondines que se realizaban tres veces al día en su domicilio.
El gobernador Francisco Cabeza de Vaca expresó su “más enérgica condena por el cobarde asesinato” de la activista.
EXIGEN JUSTICIA
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el asesinato de la activista mexicana.
Por su parte la CNDH condenó el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad para prevenir las posibles violaciones a los derechos de quienes se desempeñan como defensores que están en situación de riesgo.