Vanguardia

Otro periodista asesinado en México

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La frase luce a estas alturas desgastada de tanto que ha sido repetida: México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Más peligros incluso que aquellos territorio­s en los cuales se desarrolla en estos momentos un conflicto armado de carácter doméstico o internacio­nal.

Pero nuevamente ha llegado el momento de repetirla en circunstan­cias trágicas, pues han asesinado a un periodista más: Javier Valdez Cárdenas, quien laboraba para el semanario “Río Doce”, que se edita en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y era correspons­al del periódico “La Jornada”.

El homicidio del también escritor, autor de varias novelas y libros cuya temática gira en torno a la actividad del crimen organizado, ocurrió mientras conducía su automóvil por una avenida de la capital sinaloense. Recibió múltiples impactos de bala.

La forma del atentado deja poco lugar a la duda, si bien habrá que esperar al resultado formal de las investigac­iones: a Valdez Cárdenas lo asesinaron porque se dedicaba al oficio de informar y su trabajo le resultó “incomodo” a algún grupo criminal de los que operan en aquella entidad.

El crimen ocurre además en medio de una batalla por el control del territorio en Sinaloa, batalla protagoniz­ada por distintas bandas rivales, así como por facciones del cártel que dirigía Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Más allá de las circunstan­cias que rodean el crimen, una vez más el Estado mexicano se ve rebasado por la realidad y se muestra incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, además de evidenciar su nula eficacia en el propósito de disuadir a quienes buscan silenciar a los periodista­s mediante el uso de la violencia.

El homicidio es la forma más violenta de represión ejercida en contra del derecho a la libertad de expresión. Por regla general, son los periodista­s los que sufren los ataques de quienes ven en su desempeño profesiona­l una amenaza a sus intereses, pero no son sólo ellos, sino toda la sociedad la que sufre las consecuenc­ias de estos actos.

Porque el efecto que se busca no es solamente el de silenciar una voz, sino el de enviar un mensaje al resto de la comunidad: una suerte similar puede esperarle a quien denuncie, a quien señale, a quien condene la actividad de quienes han decidido hacer de la criminalid­ad una forma de vida.

El gremio periodísti­co mexicano ha pagado ya con muchas vidas su determinac­ión de mantener la defensa de la libertad de expresión como uno de los valores más importante­s de toda sociedad democrátic­a. Es tiempo de que el Estado haga algo más que emitir pronunciam­ientos y realizar “compromiso­s” que rápidament­e se revela incapaz de cumplir.

El periodismo y la libertad de expresión continúan bajo amenaza en nuestro país. Todos estamos llamados a defender esta libertad fundamenta­l y una de las formas en que podemos –y debemos– hacerlo es exigiendo, sin descanso, que las autoridade­s nacionales diseñen, pongan en práctica y consoliden políticas públicas orientadas a garantizar en los hechos la seguridad de los comunicado­res.

Ni un periodista asesinado más.

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