Goza de libertad bajo fianza el extesorero Chávez Rossique
Que pongan en la cárcel al que roba, yo defendí los derechos del Municipio, nada tiene que ver con corrupción o malversación de fondos”. Pablo Chávez Rossique, extesorero.
TORREÓN, COAH.- El extesorero del Ayuntamiento de Torreón, Pablo Chávez Rossique, presentó el recurso de apelación, a través del cual busca hacer valer las razones que tuvo como tesorero, de defender los dineros del municipio, porque al entrar un recurso y luego tenga que salir, deja vulnerable a la administración en sus cuentas.
La semana pasada, el Juez Primero de Distrito en La Laguna le dictó sentencia condenatoria de prisión y una multa de 12 mil 276 pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos por diez años, por la comisión del delito de violación a la Ley de Amparo en su Artículo 267, por incumplimiento a una sentencia de amparo, recaída en dos juicios de amparo.
El inculpado se encuentra en libertad bajo fianza desde hace más de dos años 9 nueve meses por el tiempo que dure el juicio, el cual continuará mientras siga interponiendo recursos en instancias superiores.
Todo viene del asunto de aquella ley que resultó inconstitucional y que aplica el Código Financiero del año de 1998.
Para 2010, cuando se hace cargo de la tesorería, esa ley y ese código financiero ya se habían declarado inconstitucionales, pero empezó a hacer crisis en la administración municipal a partir de que algunos contribuyentes solicitaron la devolución del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).
Aquellas personas que lo liquidaron, por la falta de refrendo de aquel año, la citada ley fue declarada inconstitucional y eso les daba la oportunidad de exigir la devolución.
Fue así como se presentaron más de mil solicitudes de reembolso y los dos casos por los que el Juzgado de Distrito lo sentencian, es porque no devolvió a tiempo 700 y 7 mil 500 pesos, respectivamente.
El delito se llama desacato, es un tema que atañe al Congreso y a la Corte de Justicia, porque se le obliga a cumplir algo que era imposible pagar las más de mil solicitudes de restitución.
Se cumplieron más de 700 devoluciones por un aproximado de 24 millones de pesos, quedando pendiente de pagar unos 15 millones de pesos que se los dejaron a la siguiente administración.
Sin embargo, el tema de inconstitucionalidad finalmente se resolvió en noviembre de 2013, dejando salvaguardados los derechos del municipio para que ya ningún contribuyente pudiera pedir la devolución.
Es decir, a la presente administración municipal se le dejó resuelto totalmente ese problema.
Lo que ahora se hará es tratar de convencer a los magistrados y jueces que intervienen en el proceso, presentado la apelación que se asignará a algún tribunal unitario de distrito.
En la rueda de prensa a la que convocó, manifestó que en los tribunales hará valer las razones que tuvo como tesorero para defender los dineros del Municipio.