Recuerdos de las dictaduras
Le llamaron la “Operación Piña” y se ejecutó la tarde del 24 de marzo de 1980, cuando el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, oficiaba una misa privada. Unos matones bajo las órdenes del mayor Roberto D’aubuisson, acribillaron a monseñor Romero, un sacerdote que había sido conservador hasta que un sacerdote muy cercano, Rutilio Grande, fue asesinado por predicar por los pobres. Romero se concientizó y cambió de rezar por las élites a los que más necesitaban, con una prédica contra la violencia. Su asesinato aceleró lo que urgía frenar y se inició una larga noche donde fueron cayendo religiosos, líderes sociales, sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos y políticos. Todo aquello que significaba peligro para la Junta Militar, fue eliminado. Nadie con capacidad dialéctica, habilidad para organizar y recursos persuasivos, sobrevivió. La dictadura no permitía desafíos.
Aquellos eran los prolegómenos de una década de terror en América Central donde los líderes sociales aparecían asesinados o degollados en las orillas de las carreteras. Los escuadrones de la muerte, organizados por D’aubuisson, liquidaban a quien no se plegara a la dictadura militar. El método de descabezar a quienes mejor preparación tenía y mayor capacidad intelectual mostraban, se extendió por la región. En Guatemala, los líderes sociales fueron los primeros en caer. Siguió Honduras, donde como en El Salvador y Guatemala, la verdadera guerra fue contra las ideas. No hay arma más letal que la mente, cuyo arsenal era visto por los regímenes militares incubado en la disidencia social.
Los recuerdos de esas dictaduras caen como premonición en la realidad mexicana. De acuerdo con un seguimiento informativo de Eje Central, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado el número de asesinatos contra líderes sociales y activistas. En 52 meses de administración, sintetizó la reportera et-biraí Nieto Morales, se cometieron 261 asesinatos: 17 contra sacerdotes, 123 contra líderes sociales —en su mayoría relacionados con la defensa de los derechos humanos—, 83 contra presidentes municipales y 38 contra periodistas.
A diferencia de lo que sucedió en el llamado Triángulo del Norte, donde las acciones represivas fueron emprendidas por los gobiernos militares, en México, “la mayoría de los ataques ocurrieron en municipios y regiones que coinciden con los lugares donde el crimen organizado estableció una estrategia para apoderarse del territorio. En todos los casos el común denominador es el contexto de violencia en la región en que se cometieron, ya sea por cambios en las administraciones gubernamentales estatales y municipales o por la presencia de nuevos grupos de organizaciones criminales”. Eje Central citó el informe “La Violencia de las Drogas en México”, del proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, que afirma que en la mayoría de los homicidios contra alcaldes y sus familiares se usaron métodos del crimen organizada, que repercute en el aspecto social, dado que “el asesinato de posiciones políticas amenaza el proceso democrático y socava el imperio de la ley”. No es el sector político, sin embargo, el más afectado.
Periodistas y religiosos son los más atacados. De acuerdo con el reporte Panorama de homicidios en el actual sexenio del Centro Católico Multimedial, los sacerdotes son vulnerables a diversos ataques en la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones “acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado”. Nieto Morales explicó que el papel e influencia que llegan a tener los clérigos en las comunidades, los convierte en blanco del crimen organizado, pues los ataques en su contra generan temor entre los pobladores. En el caso de los periodistas, según la organización no gubernamental Artículo 19, “su labor diaria de informar a la población hechos que atañen a toda la sociedad, suelen incomodar a actores políticos, privados o del crimen organizado que buscan que sus intereses no sean expuestos ante una sociedad cada vez más harta de los abusos e ineficacia de las autoridades”. Lo inquietante es que el grueso de las agresiones no provino del crimen organizado, sino de gobiernos: en 2016 hubo 226 agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos y 17 de los grupos del crimen organizado. Las agresiones cometidas por grupos criminales contra periodistas disminuyeron 51.43 por ciento, mientras que la de los gobiernos, se incrementó 37 por ciento (para un total de 53 por ciento) con respecto a 2015.
“Aunque los homicidios contra periodistas y sacerdotes llegan a ser los más difundidos e indignan a varios sectores sociales, los ataques contra activistas y líderes sociales representan el mayor número de crímenes contra personajes comunitarios clave en el país, pues ascienden a 123 en este sexenio”, indicó la reportera Nieto Morales. “Es decir, desde diciembre de 2012 hasta la actualidad, han sido asesinados cada mes dos líderes en promedio en el territorio nacional”. La numeralia de la muerte en México de quienes piensan, hacen y organizan, son un mal presagio, si se recuerdan las experiencias en América Central.
Ocho meses después del asesinato de monseñor Romero, seis líderes políticos del Frente Democrático Revolucionario, una organización paraguas que representaba a los diferentes sectores de la sociedad, fueron secuestrados, torturados y asesinados en San Salvador. La historia de ese país comenzó a reescribirse con la partición de ese pequeño país que se vio inmerso en una interminable guerra civil. Ese momento de inflexión no se necesita en México. El conflicto interno se vive todos los días, sin que nos demos cuenta del ecosistema mortal en el respiramos. rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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