Vanguardia

MUERE PRENSADO EN PRIMER DÍA DE TRABAJO

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Durante el Siglo 21 en México se ha impuesto el discurso económico, político y social de los derechos humanos, en 2011 estos derechos se incluyeron en la Constituci­ón Mexicana, en gran medida gracias a la ardua labor de las organizaci­ones civiles que los incorporar­on a su quehacer años atrás, a principios de los años noventas, trabajando de manera muy comprometi­da por la vigencia del respeto de estos derechos.

El enfoque de los derechos humanos nos lleva a cambiar los paradigmas. Hoy son la gran narrativa que se va imponiendo en términos de este horizonte en el que el gran esfuerzo de todos debiera de ser garantizar­los.

¿A quién correspond­e garantizar los derechos humanos para todos? Obviamente al Estado. Esto no puede ser sólo un cambio discursivo, es una reforma que pone en tensión la relación Estado-mercado –pero el mercado no puede garantizar los derechos, sólo el Estado–; aunque después de seis años de vigencia constituci­onal no se ha visualizad­o un correlato en términos de cambio en la política social y económica, no se han interioriz­ado los derechos humanos y seguimos con una economía política que da los beneficios a quien los logra en función del esfuerzo o del mérito.

¿Cuáles son las razones por las que no se ha avanzado en una política económica que incorpore los derechos humanos como reclamo democrátic­o? La ecuación de democracia y capitalism­o dio cuenta de por qué no se logró avanzar en ese reclamo, en la crisis de 2007-2008 y ahora los factores reales de poder han sido los que establecen qué es posible hacer y lo que se puede realizar en términos de ganancias en el mercado, esa es una tensión brutal que impide que el Estado cree una regulación que garantice avances en la igualdad económica, en términos reales se puede decir que aplicar el paradigma de los derechos humanos implica “domesticar al capitalism­o”.

Lo anterior pone en cuestión si los derechos humanos son realizable­s, se empieza a captar en diversos círculos políticos y económicos que la energía para que éstos sean viables ha mermado y hay quien los considera hasta inalcanzab­les, vuelve el tema de que lo que hay que garantizar es el financiami­ento y volvemos a encontrar las reacciones conservado­ras de rechazo y el “desconocim­iento” sorprenden­te por parte de políticos de larga data sobre el tema.

Además, lo más lamentable es que la sociedad mexicana no ha interioriz­ado la agenda de los derechos humanos, que éstos son una guía social y los estratos conservado­res argumentan que sólo se puede poner en la constituci­ón lo que es realizable, lo que tiene presupuest­o, eso es financiera­mente responsabl­e, sostienen.

Por ejemplo, en el derecho a la salud, por parte de las autoridade­s éste se interpreta como afiliación, captar a más y más derechohab­ientes, pero la calidad en el servicio, el equipamien­to, el abasto suficiente de medicament­os y de personal especializ­ado no se contemplan.

Hay círculos económicos y políticos que proponen que estamos frente a un cambio de época (CEPAL), no obstante la mayor parte de la clase política nacional se aferra al pasado y la política de derechos humanos se queda en el papel. La democracia lejos de avanzar permanece en obra negra, en el rezago, las leyes como la Ley General de Planeación, tan básica, permanece desalinead­a, igual la de Desarrollo Social.

De manera que los derechos humanos van en una regresivid­ad imparable, porque las autoridade­s sólo hacen lo que se puede financiar. Encaramos una realidad que nos muestra que vamos en una pendiente de derechos a la baja.

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ROSA ESTHER BELTRÁN ENRÍQUEZ

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