Elecciones 2017: ahora viene la impugnación
Ayer concluyó la fase administrativa del proceso electoral mediante el cual se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad, así como los 38 ayuntamientos de Coahuila. Con la entrega de la constancia de mayoría que acredita a Miguel Riquelme Solís como Gobernador electo y las constancias que acreditan a los nueve legisladores de representación proporcional del Congreso se cerró esta fase.
Antes, como se informó con oportunidad, los comités municipales y distritales entregaron –entre el miércoles y el viernes anteriores– las constancias de mayoría a quienes resultaron triunfadores en las elecciones legislativas y municipales.
Como se anunció incluso desde antes que concluyera el cómputo de la elección de Gobernador, la declaración de validez de la misma, así como la consecuente entrega de la constancia de mayoría al Gobernador electo, serán impugnadas ante los tribunales.
De hecho, el fin de semana se realizaron dos manifestaciones más de protesta, en Acuña y Torreón, similares a la realizada en Saltillo el martes pasado, y en esos actos se ratificó la determinación de ir a los tribunales, así como la convicción, de parte del Partido Acción Nacional, de contar con las evidencias para que la elección sea anulada.
De acuerdo con los plazos legales, la coalición que postuló a Guillermo Anaya como candidato a Gobernador cuenta con tres días, a partir de la entrega de la constancia de mayoría, para presentar la demanda de nulidad ante el Tribunal Electoral de Coahuila, órgano que debe estudiar el caso en primera instancia.
Una vez que la denuncia se presente será posible conocer las pruebas concretas con las cuales se pretende obtener el fallo de nulidad por parte del Tribunal. Las dos autoridades administrativas que organizaron la elección –el INE y el IEC– han adelantado su posición en el sentido de que no existen causales para la nulidad y el INE incluso ha calificado de “descabelladas” las denuncias de un presunto fraude.
Un aspecto importante a tener en cuenta en el proceso que viene, es que se trata de uno de carácter estrictamente jurídico y que los hechos –de uno y otro lado– deben probarse de acuerdo con las exigencias técnicas de un juicio y no a partir de suposiciones o deseos personales.
Por ello, tanto los impugnantes como la autoridad deberán presentar evidencia concreta para demostrar, de un lado, que los procedimientos para la realización de una jornada electoral se llevaron a cabo conforme a las reglas y, del otro, para acreditar que se registraron fallas suficientemente graves como para dudar de la certeza del resultado y, por ende, se actualiza alguna de las causales expresas de nulidad previstas en la Ley.
Una y otra parte han fijado ya, como era de esperarse, una posición en el sentido de tener la razón de su lado. Lo que sigue ahora es que respalden esos dichos con pruebas contundentes y que se comprometan a respetar y acatar el fallo de los tribunales, cualquiera que éste sea.
Luego de la entrega de las constancias de mayoría, se iniciará el proceso jurídico en el que ambas partes deberán presentar pruebas de lo que sostienen y respetar el fallo de los tribunales