Compraron un avión y ‘se les perdió’
El salpicadero que ha generado la investigación en torno a la gestión del hasta hace unos días priísta Roberto Borge alcanza a otro de sus notables padrinos.
Se trata de su antecesor, el exgobernador Félix González Canto, hoy senador del PRI. En los pasillos de la política se comenta que Borge nunca dejó de ser una extensión suya.
Uno de los expedientes de Borge que alcanzan a Félix González Canto es el de un avión Learjet 45 que, según la indagatoria, originó un daño al erario de 4.5 millones de dólares.
La historia que relata la carpeta de investigación, que arma la fiscalía del actual Gobierno quintanarroense (encabezado por el expriísta Carlos Joaquín, quien ganó por la alianza PAN-PRD) es la siguiente:
En 2006, cuando Félix González era gobernador, la aerolínea paraestatal VIP Saesa contrató los servicios de un avión para transportar personas. Lo hizo a través de la empresa Aves Flight Share, representada por el empresario Enrique Borbolla García, identificado como amigo de González Canto y Borge.
El contrato se firmó por 5 años. Se estableció un pago mensual de 259 mil dólares por 60 horas de vuelo. A través de la aerolínea paraestatal VIP Saesa, el Gobierno entregó 2.5 millones de dólares de fianza, pero la empresa Aves Flight Share nunca brindó el servicio.
Tras incumplir, la empresa aceptó que el Gobierno no le pagara hasta que no brindara el servicio (vaya gesto generoso). Luego, el Gobierno de González Canto firmó con la empresa que ésta le devolviera los 2.5 millones de dólares de fianza medio año antes del vencimiento del contrato. Aves Flight Share pidió que la mensualidad se le pagara por adelantado y a cambio se comprometió a bonificar 2 millones de dólares. Y que si no cumplía, entregaría el avión Learjet 45 al Gobierno.
Llegó el plazo. La empresa no devolvió el dinero. Tenía que entregar el avión. Pero como el avión costaba 5.7 millones de dólares, que era más de lo adeudado, el Gobierno de Quintana Roo pagó otro millón 200 mil dólares
(plop y recontra plop). El 17 de noviembre de 2010 se firmó un convenio en el que se reconocía que el avión ya era propiedad del Gobierno, pero la empresa nunca entregó la factura.
El Gobierno estatal supo, a través del Registro Aeronáutico Mexicano, que el avión ¡nunca fue de Aves Flight Share! Resulta que desde 2006 era de Cessna Finance Corporation, que fungió como financiera para el consorcio francés Bombardier.
En síntesis, la empresa que contrató el Gobierno de Quintana Roo, la del amigo de la dupla González Canto-borge, no era dueña de la nave. Sobra decir que el Gobierno no verificó nada de ello y ese trato privilegiado tiene hoy en la mira al exgobernador preso y al exgobernador que goza de fuero en el Senado. Ya hay una denuncia penal.
¿Y el avión? “Desapareció”, me dijeron al principio en el Gobierno estatal de Carlos Joaquín, “no sabemos dónde está, pero lo estamos buscando”. En una tarjeta informativa reciente reportan que fue decomisado por Bombardier, el consorcio que nunca dejó de ser su dueño.