Transparentar la elección: es obligado
El principal problema que históricamente hemos tratado de resolver en México, en materia electoral, es la desconfianza que los ciudadanos tenemos respecto de la actuación de las autoridades electorales. Las sucesivas reformas legales realizadas en el País a partir de 1986 han intentado construir un modelo centrado en la confianza ciudadana. Está claro a estas alturas, con diferentes matices en cada estado de la República y en relación con el INE, que no hemos alcanzado la meta, pues una porción importante de los ciudadanos sigue desconfiando de los resultados electorales y del trabajo de quienes organizan los comicios.
Coahuila se ha sumado ahora al listado de lugares en donde, con independencia de las explicaciones que puedan ofrecerse, los ciudadanos encuentran motivos para desconfiar de las cifras oficiales presentadas por el Instituto Electoral de Coahuila tras las elecciones del domingo pasado.
Por ello, aportar toda la información que permita dilucidar lo ocurrido en la jornada del 4 junio es absolutamente indispensable para que los electores puedan considerar que las cifras son el reflejo fiel de la voluntad popular asentada en las boletas.
El proceso de acreditación de representantes de partido y candidatos ante las mesas directivas de casilla; el proceso de capacitación de funcionarios, así como los sistemas informáticos utilizados el día de la jornada electoral deben ser objeto de informes exhaustivos que permitan a todo mundo conocer a detalle la forma en la cual se operó.
En este sentido, debe saludarse el hecho de que el Instituto Nacional Electoral haya acordado la elaboración y entrega de un informe detallado que responda a las dudas que han sido formuladas por distintas fuerzas partidistas, así como por candidatos independientes, a propósito de la polémica poselectoral que nos envuelve.
Es importante que los informes relativos a los hechos de la jornada del 4 de junio estén orientados no a justificar la actuación de la autoridad, sino a explicar los hechos puntuales. Porque las dudas de la ciudadanía son muy precisas y esas son las que demandan respuesta.
Los hechos de la jornada electoral y las horas posteriores están básicamente a la vista de todos: el Prep funcionó de forma inusualmente lenta; el conteo rápido erró en el cálculo de los rangos donde se ubicaba la votación de cada candidato; un número inusual de casillas de actas registraron errores en el llenado o no eran legibles.
Los informes que la autoridad va a rendir no deben ofrecernos explicaciones de por qué lo ocurrido se encuentra dentro de lo posible, sino los datos específicos respecto de los hechos. Es decir, deben relatarnos lo ocurrido a fin de que todos podamos entender cómo fue posible que confluyeran todos los elementos que nos han traído a este momento.
Si los hechos lo acreditan, entonces todos podremos confiar en que el resultado de los cómputos es producto directo de la voluntad popular. Pero primero debemos conocer los hechos.
En orden de recuperar la confianza de los ciudadanos, el INE debe dar a conocer los hechos detrás de lo ocurrido en el proceso electoral