‘El Diablo’ vendió las cabezas del Z-40 y Z-42
El ‘traidor’ era el principal vendedor de droga en el este de Texas SEGÚN INVESTIGACIÓN DE PERIODISTA ESTADOUNIDENSE (SEGUNDA PARTE)
“A diferencia de la mayoría de los lugares en México destrozados por la guerra contra las drogas, lo que pasó en Allende no se originó en México, comenzó en Estados Unidos, cuando la DEA logró un triunfo inesperado”, dice un fragmento de la investigación “Anatomía de una masacre” escrita por Ginger Thompson, periodista ganadora del Pulitzer.
De acuerdo con la publicación, la responsabilidad de la agencia estadounidense comenzó cuando un agente persuadió a un importante miembro de Los Zetas para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cártel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar.
De acuerdo con la investigación “Anatomía de una masacre”, a principios de 2011, en las afueras de Dallas, Estados Unidos, la DEA había lanzado el operativo Too Legit to Quit (Demasiado legítimo para rendirse), después de unas redadas que tuvieron resultados sorprendentes. En una, la Policía había encontrado 802 mil dólares en efectivo, empacados al vacío y escondidos en el tanque de gasolina de una camioneta. El conductor dijo que trabajaba para un tipo al que sólo conocía como “El Diablo”. Después de más detenciones, el agente Richard Martinez, de la DEA, y el fiscal federal adjunto Ernest Gonzalez identificaron a “El Diablo” como José Vásquez Jr., de 30 años, un nativo de Dallas que había empezado a vender droga cuando estaba en la secundaria y que entonces era el distribuidor de cocaína más importante de Los Zetas en el este de Texas, donde movía camiones llenos de drogas, armas y dinero cada mes.
Mientras se completaban los preparativos para detenerlo, Vásquez se fugó por la frontera hacia Allende, donde buscó protección de los miembros del círculo interno del cartel.
Pero Martinez y Gonzalez vieron en su huida una oportunidad. Si podían persuadir a Vásquez para que cooperara con ellos, les daría acceso a los altos rangos de un cartel, que era notoriamente impenetrable, y la posibilidad de capturar a sus jefes, especialmente a los Treviño, conocidos como Z-40 y Z-42, que habían dejado un sendero de cadáveres en su escalada a la cima de la lista de los más buscados por la DEA. Miguel Ángel Treviño era conocido como Z-40 y Omar como Z-42.
“Lo que Martinez quería eran los PIN (números de identificación personal) rastreables de los teléfonos Blackberry de los Treviño. Vásquez, después de huir, le había dado al agente una amplia ventaja. Su mujer y su madre todavía vivían en Texas”, describió la periodista Thompson en su artículo.
Para evitar la captura, continúa el texto, Los Zetas hicieron que su lugarteniente más cercano en Coahuila, Mario Alfonso “Poncho” Cuéllar, les diera celulares nuevos cada tres o cuatro semanas. Cuéllar le asignó la tarea de comprar teléfonos nuevos a su mano derecha, Héctor Moreno.
Ante la presión de obtener los PIN de los teléfonos, Vásquez recurrió a Moreno, utilizando información que él manejaba. Fue Gilberto, hermano de Moreno, quien había sido sorprendido al volante del camión con 802 mil dólares en el tanque de gasolina. Con 20 años de prisión por delante, Gilberto había confesado que trabajaba para Los Zetas y que el efectivo pertenecía a los hermanos Treviño.
Vásquez organizó que su abogado en Dallas representara a Gilberto y le prometió que no dejaría que nadie en el cártel supiera de las declaraciones incriminadoras de Gilberto. Moreno le devolvió el favor a Vásquez al aceptar conseguirle los números. Pero, llegado el momento, Moreno lo reconsideró.
De acuerdo con la publicación, alrededor de tres semanas después de que Vásquez le diera los números PIN a la DEA, los jefes del cártel recibieron la noticia de que uno de los suyos los había traicionado y lanzaron una ola de venganza.
“Fuentes oficiales cercanas al caso dijeron que un supervisor de la DEA en Ciudad de México compartió información relacionada con los números con una unidad de la Policía Federal mexicana conocida como Unidad de Investigaciones Sensibles, cuyos agentes habían sido entrenados y examinados por la DEA”, detalló el artículo.
Un oficial de la unidad, dijeron las fuentes a Thompson, fue el responsable de la filtración. Cuando ocurrieron los hechos, los jefes de la unidad no respondieron a múltiples solicitudes de entrevistas.
Sin embargo, a principios de este año, uno de los supervisores de la unidad, Iván Reyes Arzate, se entregó a las autoridades federales estadounidenses para enfrentar cargos por compartir información sobre las investigaciones de la DEA con narcotraficantes. No queda claro si Reyes fue la fuente de la filtración en el caso de Allende.
No fue difícil para Los Zetas reducir la lista de delatores bajo sospecha, porque muy poca gente tenía acceso a sus números PIN. Entre ellos estaban Mario Alfonso “Poncho” Cuéllar, el lugarteniente más importante de los Treviño en Coahuila, y Héctor Moreno, mano derecha de Cuéllar.
Sin decírselo a Cuéllar, se establece en el texto, “Moreno le había dado los números PIN a Vásquez. Le estaba devolviendo un favor. El hermano de Moreno, Gilberto, era el conductor del camión que había sido detenido con 802 mil dólares en el tanque de gasolina. Frente a la posibilidad de pasar 20 años en prisión, Gilberto había confesado que trabajaba para Los Zetas y que el dinero pertenecía a los Treviño. Vásquez había arreglado que su abogado representara a Gilberto y prometió que impediría que nadie más del cartel supiera sobre sus declaraciones incriminatorias”.
Vásquez, Moreno, Cuéllar y Garza, cuyo rancho familiar fue la escena de muchos de los asesinatos de Los Zetas, huyeron a Estados Unidos cuando empezó la masacre y accedieron a cooperar con las fuerzas de la ley estadounidenses a cambio de clemencia, según refiere la investigación.
Los reportes de lo que estaba pasando en Allende hicieron que las autoridades de Estados Unidos se dieran cuenta de la ira que había desencadenado aquella filtración.
Los estimados de los números de muertos y desaparecidos varían enormemente entre la cifra oficial, que habla de 28, y la de las asociaciones de las víctimas, alrededor de 300. Propublica y National Geographic, sin embargo, identificaron alrededor de 60 personas cuyas muertes o desapariciones han sido conectadas por familiares, amigos, grupos de apoyo a víctimas, archivos judiciales o informes periodísticos al asedio realizado por Los Zetas aquel año de 2011. Integrantes del colectivo Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida) capacitarán en el tema de búsqueda a colectivos de familiares de Michoacán y Jalisco para la localización de restos óseos en campo.
Silvia Ortiz, madre de Silvia Estefanía Sánchez Viesca —desaparecida desde el 5 de noviembre de 2004 en Torreón—, adelantó que ya cuentan con los destinos a los que asistirán próximamente.
“Ellos tienen lugares (donde presumen hay restos) y al mismo tiempo que vamos buscando se les va diciendo cómo es el procedimiento a seguir”, dijo.
Sin embargo, Ortiz adelantó que aún no tienen una fecha fija en la que pudieran estar en dichos lugares.
“Para la visita en Michoacán había un padre (sacerdote) que va a ir a checar unas situaciones y después de que la checara él se iba a comunicar conmigo para establecer el día”, y agregó que en el caso de Jalisco asistirán particularmente a Guadalajara donde ya cuentan con algunas ubicaciones.
Apenas en abril pasado este colectivo acudió a Veracruz para capacitar a otros grupos en la investigación de campo, luego de haber encontrado diversas fosas en las que había restos óseos.
Grupo Vida también ha capacitado a otros miembros para que ellos realicen la búsqueda de sus familiares o desaparecidos, entre ellos a integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl) y el grupo de familiares desaparecidos de Piedras Negras.
Entre organizaciones Grupo Vida han sido nombrados los “Cascabeles de Coahuila” en alusión a las víboras de cascabel que hay en el desierto.
VIDA
En 2013 formó el Grupo Vida (Víctimas por sus Derechos en Acción), organización que atendía casos de familias con un ser querido desaparecido, víctimas de un fuego cruzado o víctima de arbitrariedades policiacas; sin embargo, después el grupo se quedó únicamente con los casos de desaparecidos. Actualmente hay 52 casos en el grupo.
El 17 de enero de 2015 realizaron su primera búsqueda terrestre en el ejido Congregación Hidalgo de Matamoros, Coahuila, y desde entonces han encontrados miles de resos óseos y huellas de una masacre en diferentes terrenos de Coahuila.