Frenan diputados la Ley de Conflicto de Intereses
La opacidad es una de las prácticas que prevalece en el Congreso de la Unión y en las Cámaras de Diputados
CDMX.- Desde 2007 el Congreso frenó una reforma constitucional para impedir que a la sombra del poder político, legisladores hagan sus negocios.
La opacidad es característica del Congreso de la Unión y de las cámaras de Diputados de los estados, como lo muestra el hecho de que en la plataforma ciudadana 3de3. mx, sólo publicaron su declaración de interés uno de cada cuatro legisladores, además de que sólo 3% de los congresos estatales tienen reglas para evitar conflictos de interés de sus miembros.
Los contratos que obtienen legisladores del gobierno federal son una práctica en el Congreso de la Unión, así como en las cámaras de Diputados de los estados, como lo mostraron investigaciones de El Universal publicadas el 8 y 9 de este mes.
Con base en información pública que revisó El Universal, más de mil millones de pesos facturaron al gobierno de Enrique Pena Nieto, en lo
que va de la administración, 23 empresas de legisladores federales.
El proyecto de adiciones a la Constitución de hace diez años, en materia de conflicto de interés, establecía que quedaba prohibido a los legisladores litigar en contra del Estado, luego del antecedente de que Diego Fernández de Cevallos ganara juicios a dependencias del gobierno federal. Ello provocó reacciones en contra de “legislar en la mañana y litigar en la tarde”.
La reforma que salió del Senado y se estancó en la Cámara de Diputados incluía el impedimento a desempeñarse con “doble cachucha” a los legisladores suplentes.
AL CESTO DE LA BASURA A lo largo de 10 años, el Congreso ha obstruido reformas para prohibir que a la sombra del poder político, legisladores hagan negocios, acusó el exsenador y exdiputado federal panista Rubén Camarillo.
Hoy empresario y vicepresidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, Camarillo impulsó en 2007, adiciones a la Constitución para prohibir a diputados y senadores ocuparse en negocios y empleos de manera paralela, con potenciales conflictos de interés.
El Senado aprobó el proyecto de adiciones al artículo 62 constitucional, y la minuta pasó a revisión de la Cámara de Diputados. Pero allí quedó en la congeladora.
De haber avanzado, esos vínculos de negocios actuales no podrían realizarse, explica Camarillo.
El exdiputado propuso la reforma al Reglamento de la Cámara Baja para prevenir el conflicto de interés de los legisladores.
“En 2013, presenté una iniciativa de modificaciones al Reglamento con el fin de evitar cualquier conflicto de interés en la función legislativa . ... Tampoco prosperó en su momento”.
Lamentó que el Congreso de la Unión se oponga a tener controles que impidan y sancionen llevar a cabo negocios a la sombra de la responsabilidad de legislar.
“Hemos avanzado mucho en transparencia, y se han hecho grandes esfuerzos en el nivel federal, en estados y municipios, y no veo por qué el poder Legislativo podría ser la excepción, al contrario.